Hace casi un año, el pasado 11 de febrero, 'The New York Times' detallaba recortes de contratos gubernamentales en Estados Unidos que afectaban, entre otras, a la innovación e investigación educativas. Las fuentes consultadas provenían de tres personas expertas que solicitaron el anonimato por temor a represalias. Al día siguiente, la revista 'Science' incidía en esta cancelación podría poner en peligro los esfuerzos por mejorar la educación en Estados Unidos. Un día más tarde, 'Newsweek' informaba de otra reducción adicional en programas para la diversidad, equidad e inclusión. Una de las opiniones recabadas por el semanario subrayaba que las revocaciones recortarían informes y evaluaciones importantes para el sistema educativo. De hecho, diversas fuentes advertían que condicionarían de forma sustancial la Evaluación Nacional del Progreso Educativo creada en 1969 para medir el logro educativo.

Posteriormente, algunas de estas medidas fueron revertidas, pero solo parcialmente. Un extenso artículo publicado en 'The Washington Post' y 'The Boston Globe' volvía sobre esta cuestión el pasado 20 de diciembre, recordando que ahora el Gobierno federal, cuando informa, lo hace de una manera esquemática. Ponían como ejemplo el informe anual sobre el estado de la educación el Departamento de Educación estadounidense está obligado a publicar, pero que en su edición de 2025 ha aparecido recortado y sin datos clave, según denunciaba Rachel Dinkes, presidenta de Knowledge Alliance. “Los datos son como una linterna que nos permite ver, y sin esa luz, estamos a oscuras”, recordaba Dinkes, que añadía: “ninguna otra entidad puede proporcionar datos confiables, de alta calidad y oportunos como los que proporciona el gobierno federal”.

Al otro lado del Atlántico, en nuestro país, el Departamento de Educación del Gobierno vasco decidía asimismo reducir de forma drástica la información pública de las evaluaciones de diagnóstico que se practican desde 2009 a todos los escolares en 4º curso de Educación Primaria y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria. El informe publicado en enero y que unificaba datos de dos evaluaciones distintas, la censal correspondiente a 2023 y la de 2024 realizada solo a una muestra escogida de alumnado al final de cada etapa, se limitaba a 26 escuetas páginas y con importantes errores. Hasta entonces, el tamaño habitual de cada uno de estos informes ocupaba siempre un mínimo de 100 páginas en ediciones bastante cuidadas, lo que da idea del alcance del recorte producido.