El reciente fracaso del llamado “Pacto Vasco de Salud” impulsado por el Gobierno Vasco no es una simple anécdota política ni un tropiezo puntual en la gestión sanitaria. Es la confirmación de una deriva preocupante en las políticas públicas: la pérdida de una visión colectiva, inclusiva y verdaderamente pública de la sanidad vasca.
En el fondo del debate no hay solo un desacuerdo técnico, sino una colisión frontal entre dos modelos: el que defiende una sanidad pública, universal y de calidad —impulsado por sindicatos, colectivos profesionales, amplias capas de la sociedad y fuerzas de izquierda—, y otro modelo, cada vez más presente debido al continuo ataque expropiatorio de lo público y lo común propiciado por el capitalismo neo-liberal, que promueve la colaboración público-privada —término con el que se pretende maquillar la privatización— como eje central del sistema. Este último es el que el Gobierno Vasco parece haber asumido sin apenas debate, y que ha quedado en evidencia en el desarrollo del grupo de trabajo centrado en dicha colaboración.
Desde su inicio el grupo encargado de abordar la colaboración público-privada dentro del pacto ha sido objeto de sospecha y crítica. No tanto por su mera existencia —debatir modelos es legítimo—, sino por su composición y objetivos implícitos. La inclusión de Confebask, representante empresarial cuya agenda ha sido históricamente favorable a la privatización de servicios públicos, ha dejado en clara desventaja a quienes defienden lo público. ¿Cómo construir un consenso cuando se invita a negociar con quien abiertamente cuestiona el modelo público de Osakidetza?
La ausencia de contrapesos reales —como la participación activa de organizaciones en defensa de la sanidad pública— refuerza la percepción de que este grupo fue diseñado para legitimar una hoja de ruta ya escrita, más que para explorar consensos genuinos.
El proceso se ha enfocado mal desde el principio. No es solo el fondo lo que ha fracasado, sino también la forma. El proceso participativo que se vendió como plural y abierto ha terminado por revelar una metodología opaca, tecnocrática y poco incluyente. Varios sindicatos, personal sanitario y actores políticos críticos han denunciado que sus propuestas fueron sistemáticamente ignoradas o diluidas en informes que apenas reflejan la diversidad de visiones presentes en el sistema sanitario.
La lógica del “ya está todo decidido” ha contaminado un proceso que debía ser todo lo contrario: transparente, plural y orientado al consenso. El hecho de que los principales partidos de la oposición y la práctica totalidad de los sindicatos del sector —que representan al 94% de la plantilla de Osakidetza— se hayan negado a firmar el pacto no es un gesto partidista ni una estrategia electoral. Es una denuncia política de fondo: este no era un pacto social, era una coartada política.
Pero lo más preocupante de este episodio es que, bajo el paraguas de una supuesta modernización del sistema, se esté normalizando la entrada del sector privado en la planificación, provisión e incluso financiación de servicios sanitarios, esto es, se esté dando una privatización encubierta. La colaboración público-privada, presentada como solución mágica a los problemas estructurales de Osakidetza, ha demostrado en otros países que suele traducirse en recortes, precariedad laboral y pérdida de calidad asistencial.
La ciudadanía vasca ha defendido históricamente un modelo sanitario propio, basado en el derecho universal a la salud, sin depender del interés empresarial. Este pacto, tal y como se ha planteado, se aleja radicalmente de ese modelo y abre la puerta a una sanidad desigual, fragmentada y subordinada al beneficio privado.
Así, el fracaso del pacto debe ser una llamada de atención, no solo al Gobierno Vasco, sino también a la sociedad civil. Necesitamos un debate amplio y profundo sobre el futuro de Osakidetza, en el que participen profesionales, pacientes, sindicatos y movimientos sociales. Un verdadero pacto de salud no se puede construir sin quienes día a día sostienen el sistema.
Desde un punto de vista social, la salud no puede ser un negocio. Osakidetza no necesita más mercado, necesita más democracia y, por tanto, más participación. Y sobre todo necesita recuperar la adecuada asistencia que nos debe prestar a todos nosotros, los pacientes, proveyendo de los recursos económicos y humanos necesarios al servicio público que es.
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