Euskadi implantará en 2025 un impuesto autonómico (y no foral) que gravará las renovables en suelo no urbanizable

El PNV y el PSE-EE han pactado dar un gran cambio a la redacción original de la futura ley de transición energética y contra el cambio climático. Ambos socios de Gobierno han presentado en el Parlamento Vasco en los últimos días 107 autoenmiendas a una iniciativa que, inicialmente, llegó con solamente 48 artículos y una decena de disposiciones adicionales. De hecho, hay partidos que aparentemente han compartido más la primera versión conocida que los propios grupos que apoyan al Ejecutivo a la vista de su menor número de correcciones. La gran novedad es que se crea de cara a 2025 un impuesto autonómico, un canon a las instalaciones de renovables en suelos no urbanizables.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu se ha fijado en los últimos días como gran prioridad para terminar la legislatura sacar adelante esta norma, presentada en mayo por la consejera Arantxa Tapia y que bebe de la declaración de emergencia climática de 2019 que no impidió dejarla en el cajón y convocar las elecciones de 2020. Si se mantienen los planes de promulgarla en febrero, las autonómicas, como mínimo, se irán a abril.

Según la documentación registrada en la Cámara, uno de los grandes cambios será la creación de un impuesto autonómico, una figura posible pero altamente inhabitual en el entramado institucional vasco donde la competencia fiscal reside en las Diputaciones. De hecho, excepcionalmente se empleó en tiempos de Carlos Garaikoetxea para hacer un recargo al IRPF para financiar la respuesta a las inundaciones de 1983 y ahora se había valorado esta figura también para la tasa turística.

El nuevo tributo, según la redacción propuesta por PNV y PSE-EE, es un “canon a la implantación en el suelo no urbanizable de instalaciones de energías renovables”, una idea ya lanzada por la oposición, particularmente por EH Bildu. El acuerdo pasa por la implantación del gravamen desde el “1 de enero de 2025” y afecta a todas las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, incluidas las existentes “con anterioridad” a la entrada en vigor de la ley y también a los proyectos futuros “se encuentren o no en explotación”. El impuesto se devengará anualmente y en la Hacienda del Gobierno vasco, no en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa. El hecho imponible será la potencia total instalada y quedarán exentos los casos de autoconsumo y las plantas de menos de 2 MW. Se tendrá que pagar 3.000 euros para cada MW instalado. Es decir, como mínimo, se abonarán 6.000 euros. El importe recaudado se destinará “a una partida presupuestaria anual” para actuaciones en los municipios afectados por estos proyectos, lo que incluye a los que acogen la planta pero también los tendidos o accesos a esos espacios.

Desinversiones en Shesa, que explota gas en La Rioja

Las enmiendas dan también una nueva redacción al preámbulo de la ley. Por ejemplo, se plantea que los objetivos de descarbonización para 2050 pero remarca que no hay que desdeñar alcanzarlos antes, en 2045. Asimismo, fija metas “intermedias” para 2030 y 2040. En concreto, se alude a un 12% de ahorro en el consumo final de energía ya en 2030 tomando como referencia los datos de 2021 para llegar al 37% en 2050. Y se plantea un peso del 32% de las renovables en el 'mix' energético en 2030 y de un 97% en el 2050. Igualmente, se pide que “al menos el 25% de las tierras agrícolas” sean “ecológicas” en busca del kilómetro cero y del “de la granja a su mesa”.

Entre menciones a la “sensibilización” contra el cambio climático y referencias a la reciente COP28 de Dubái, también sobre la necesidad de prescindir de los combustibles fósiles, las enmiendas plantean sin mencionarlo “desinversiones” en Shesa, una sociedad pública autonómica que se lucra con proyectos de extracción de hidrocarburos incluso fuera de Euskadi, como ocurre con Viura en La Rioja. Allí ha ingresado 44 millones desde 2015, 4,7 de ellos en beneficios netos, y ya se estaba hablando de una posible venta desde noviembre.

La propuesta 104 quiere crear una disposición adicional “quinta quáter” para que en febrero de 2025, si es que la norma sale adelante en febrero de 2024, haya un “plan de desinversiones”. Los ingresos revertirán en el EVE para otro tipo de políticas de renovables. También el papel de Shesa había sido cuestionado por la oposición.

Estas enmiendas, dada la mayoría absoluta del Gobierno de PNV y PSE-EE, serán incorporadas a la ley durante la tramitación parlamentaria. No obstante, no es descartable que puedan alcanzarse acuerdos con otras formaciones. Esto ha sido habitual en la legislatura aunque, en puertas de las elecciones, estas transacciones están reduciéndose. Han sido imposibles, por ejemplo, tanto de cara a los presupuestos de 2024 como para la reforma educativa, que serán aprobados esta misma semana junto con otro puñado de leyes.