El ‘deshielo’ de PP y PNV no evita el recurso contra la ley de víctimas policiales
Esta semana ha sido la del acuerdo del PP y del PNV. Los nacionalistas, tras años de fría relación con el Gobierno de Mariano Rajoy, han arrancado concesiones de calado como la renegociación del Cupo, un calendario de inversiones ferroviarias valorado en 3.300 millones o que la Ertzaintza pueda disponer de información antiterrorista al nivel de Policía Nacional y Guardia Civil. Pero el ‘deshielo’ no ha evitado que el Consejo de Ministros haya autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de 2016 que reconocía a las víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999.
El Gobierno central, en su primer punto del orden del día, ha decidido dar por cerrada la negociación que mantenía en los últimos meses con Euskadi y acudir al Constitucional para tratar de anular una normativa que, según su criterio, reconoce como víctimas de las fuerzas de seguridad a personas que no acreditan una sentencia judicial. En este sentido, el Estado ha actuado en coherencia con el posicionamiento mantenido con la norma de Navarra y con un decreto anterior del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que fue anulado por los tribunales y que precisamente empujó a la elaboración de esta ley para dotar a estas víctimas (unas 400) de seguridad jurídica.
El Gobierno vasco, en un comunicado, no ha podido dejar de expresar su “profunda decepción” ante la noticia llegada este viernes desde Madrid. “Es decepcionante porque este recurso se desentiende de la obligación que tenemos los poderes públicos de dar respuesta a los derechos que corresponden a las víctimas y es decepcionante porque contraviene el derecho internacional”, arguyen desde la oficina de Urkullu, que precisamente hace unas semanas presentó un informe en esta línea de Fabián Salvioli, expresidente del comité de derechos humanos de la ONU.
El Ejecutivo de PNV y PSE-EE ve este “compromiso” con las víctimas de la violencia policial, que redondea un conjunto de normas sobre víctimas que ya reconocen a las de ETA, a las del GAL, a las del franquismo y a las de la violencia policial hasta 1978, como una “pieza fundamental” para la “convivencia normalizada y basada en una memoria crítica del pasado”. Aunque hará una valoración jurídica más detallada cuando conozca el detalle del recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno vasco asegura que “va a seguir trabajando intensamente” para defender la “plena legalidad y viabilidad” de esta ley, aprobada en el último pleno de la pasada legislatura con los votos de PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu (porque se quedaba corta) y el ‘no’ de PP y de la ya extraparlamentaria UPyD. En este sentido, se argumenta que hay expertos “de ámbito vasco, estatal e internacional” que dan validez jurídica plena a esta ley a pesar de los recelos que suscita en el Estado que se reconozcan víctimas sin que exista una resolución judicial expresa.
Fuentes del Gobierno central, por su parte, han señalado que la interposición del recurso lleva aparejada la suspensión cautelar de los artículos recurridos por un plazo mínimo de cinco meses hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. En Navarra, el precedente más cercano, la normativa recobró vigencia en algunos puntos pasado ese plazo aunque no haya sentencia firme y ello permitió al Gobierno de Uxue Barkos desarrollar un homenaje institucional a esas víctimas.
