La Fiscalía eleva de 6 a 9 años la petición de cárcel por fraude fiscal del exsenador del PNV Víctor Bravo
El juicio contra el exdirector de Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV Víctor Bravo ha acabado con malas noticias para él. La Fiscalía ha elevado de seis a nueve años la petición de cárcel para Bravo, en línea con la acusación inicial de la Abogacía del Estado, que se ha mantenido tal cual tras tres días de vista oral en un juzgado de San Sebastián. Bravo está acusado de tres delitos fiscales junto con su socio en la empresa Glass Costa Este Salou, Fernando Isidoro González Enfedaque, por defraudar hasta 1,8 millones de euros. Se trataba de un negocio inmobiliario y hotelero en Tarragona, como su propio nombre indica, pero se residenció en Gipuzkoa para que pudiera beneficiarse de un régimen tributario especial llamado SPE (Sociedades Promoción de Empresas), al que se acogieron también otras personas conocidas como el tenista Rafa Nadal.
El ministerio fiscal, en cambio, ha rebajado la petición de prisión para el empresario González Enfedaque. En el arranque del juicio, el pasado martes, su letrado recordó que había consignado un millón de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades, lo que se ha interpretado como una atenuante de reparación del daño causado. Por su declaración, eso sí, dejó claro que no se trataba de una admisión implícita de responsabilidades. Ni González Enfedaque ni Bravo han reconocido en ningún momento que el traslado a Gipuzkoa del negocio fuese una tapadera para ahorrarse impuestos. Bravo, además, ha negado hasta el final que diera un trato de favor a su empresa desde su puesto de responsabilidad en Hacienda.
En el juicio ha tenido un protagonismo especial la Abogacía del Estado, ya que el fraude perjudicó doblemente a la Agencia Tributaria. Por un lado, porque Glass Costa Este Salou no tributó nada en Tarragona a pesar de centralizar allí sus negocios y tener actividad en otros lugares como Málaga o Logroño. Y, por otro lado, porque el traslado societario le privó de su capacidad de control e inspección, que quedó bajo responsabilidad exclusiva de la oficina de Bravo. En su informe final, los abogados de la Hacienda estatal han destacado que pocos casos habrá tan flagrantes, informa Efe. Durante el juicio, todos los inspectores han coincidido en el análisis: la domiciliación en Gipuzkoa fue pura ingeniería fiscal.
En la sentencia jugará un papel crucial el paso del tiempo. Glass Costa Este Salou se creó en 2001. Los presuntos delitos son de 2003, 2004 y 2006. El caso se conoció en 2007. La denuncia de la Fiscalía es de 2009. La investigación acabó en 2015 y la sentencia llegará o a finales de 2019 o en 2020. Las defensas han alegado que algunas declaraciones de impuestos podrían estar prescritas y que, de no ser así, podría aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas.
