El Obispado de Bilbao cede pisos vacíos al Gobierno vasco para que salgan en alquiler social

La sociedad autonómica vasca que gestiona viviendas en alquiler social, Alokabide, suscribió el pasado 16 de abril un convenio de colaboración con el Obispado de Bilbao -con una duración inicial de un año- para que los pisos desocupados de la Iglesia en esa diócesis pasen a formar parte del programa Bizigune y puedan ser incorporados a la oferta de vivienda pública del Gobierno vasco. Según explica el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola (PSE-EE), “el escenario factible en Euskadi es ampliar este ámbito de colaboración a los obispados de Donostia y Vitoria-Gasteiz”.

No hay cifras estimativas del alcance de este acuerdo medido en pisos movilizados -que serán tanto propiedades de la Iglesia como herencias y donaciones-, pero sí se interpreta como un paso adelante para garantizar un alquiler asequible a quienes, según la única ley en España que garantiza el derecho a la vivienda, tienen derecho a ser atendidos por la Administración. “Mejor que tengan este destino y no otro”, enfatizan desde Vivienda. Y es que hace dos años se conoció que el Arzobispado de Toledo, que era titular de dos viviendas en el centro de San Sebastián, se lucraba con ellos como apartamentos turísticos ilegales.

Las condiciones de la movilización de los pisos vacíos del Obispado de Bilbao -que serán las mismas si cristalizan los convenios con las otras dos diócesis vascas- “son, como no podría ser de otra manera, exactamente las mismas que acordamos con los propietarios privados y con otras entidades que incorporan sus viviendas a Bizigune”. Vivienda, por ejemplo, ya suscribió un memorando similar con la Sareb, el 'banco malo'.

Este programa consiste en cubrir la escasa oferta de pisos protegidos en alquiler en relación con la demanda con viviendas privadas a cuyos dueños se les garantiza un fijo y la conservación del inmueble en contraste con las fluctuaciones del mercado libre. El pago medio de Alokabide a los propietarios oscila por término medio entre los 400 y 500 euros mensuales -varía en función de las características de cada casa-, mientras que la renta bonificada media que abonan los usuarios es de unos 200 euros.

“Es interés del Obispado de Bilbao colaborar con el Gobierno vasco en la medida de lo posible para facilitar el acceso a una vivienda en condiciones de arrendamiento protegido de aquellas personas y unidades convivenciales que se encuentran en riesgo de exclusión social dentro de su ámbito de actuación”, se puede leer en el acuerdo firmado con el Gobierno, donde se indica que el convenio “es compatible con otros programas de la Iglesia diocesana, tales como Eguzkilore (Cáritas), así como posibles colaboraciones con otras instituciones públicas o privadas”.

Desde el Gobierno indican que es prematuro ofrecer una cifra de pisos eclesiásticos disponibles porque hay que elaborar informes técnicos previos de habitabilidad. Después, se negociará “de forma individual” la situación de cada uno de ellos. El convenio tiene una duración de un año susceptible de prórroga, pero si cada uno de los alquileres formalizados supera ese plazo y están “al corriente de pago”, los usuarios mantendrán las condiciones.