El PNV se queda solo y acorralado en el caso de las “irregularidades” en Epsilon e Hiriko
Cuando mañana jueves se vote el dictamen definitivo de la comisión de investigación de las ayudas públicas a los dos proyectos fallidos Epsilo e Hiriko -unos 64 millones de euros- el PNV estará solo en su defensa de la actuación de las instituciones vascas. El presidente de la comisión, el popular Carmelo Barrio, constató en su informe provisional las “irregularidades” y los “defectos” en la acción de los poderes públicos a la hora de conceder y supervisar las millonarias ayudas, avales y subvenciones con las que los Gobiernos vasco y central regaron ambos proyectos: la escudería vasca de Fórmula-1 (Epsilon), el proyecto del Ejecutivo del Gobierno de Ibarretxe, y el coche eléctrico (Hiriko).
El PNV y una de las personas señaladas por la oposición como responsable política por la “dejación” en su papel de supervisión, la actual consejera de Desarrollo y Competitividad, Arantza Tapia, salieron ayer en tromba para defender su actuación y para descalificar el dictamen de Barrio. El portavoz peneuvista en la comisión de investigación, Luis Javier Telleria, apuntó que el informe era “sesgado, tendencioso y parcial” y la consejera Tapia lo tildó de “sesgado y de parte” y falto de la “seriedad” que se le presupone a este tipo de trabajos parlamentarios.
Pero toda la oposición, sin embargo, al mismo tiempo que presentaba sus alegaciones al documento, aplaudió el contenido de un informe que constata múltiples “irregularidades” y que sitúa las “responsabilidades políticas” en las cúpulas de algunas instituciones como el Parque Tecnológico de Álava, controlado entonces por el PNV; la consejera de Industria del Gobierno de Ibarretxe, Ana Aguirre, -actual viceconsejera de Justicia con el lehendakari Íñigo Urkullu- y la propia Arantza Tapia. El informe redactado por Barrio no cita por su nombre a ninguna de ellas -se refiere a los órganos públcos en donde se tomaron las decisiones que han supuesto de hecho un “quebranto económico” al erario público- pero la intención de la coalición soberanista EH Bildu con sus alegaciones en poner nombres y apellidos a esas “responsabilidades políticas”.
Pacto entre peneuvistas y socialistas
Durante las últimas semanas, algunos partidos de la oposición como EH Bildu o UPyD habían cuestionado la voluntad real de los socialistas para desenmarañar las responsabilidades políticas en este despilfarro y dilapidación de dinero público. Ayer mismo, el parlamentario Gorka Maneiro acusó a socialistas y peneuvistas de haber ido de la mano -recordó que la comisión se constituyó a propuesta de UPyD y con el “voto negativo del PNV y la abstención de los socialistas”- y de haber mantenido una “actitud boicoteadora” de los trabajos de la comisión. También el portavoz de la coalición soberanista en la comisión, Igor López de Munain, criticó el “permanente boicot” de ambos partidos a la investigación.
La polémica por el informe “censurado” del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre Epsilon -según la terminología empleada por su presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, al descalificar el documento aprobado con los votos de los consejeros designados por PNV y PSE- alentó aun más la teoría de que existía un pacto secreto entre ambas formaciones para tapar el asunto.
El portavoz socialista en la comisión de investigación, Vicente Reyes, echó por tierra todas esas interpretaciones al anunciar ayer martes el voto favorable de su partido al dictamen elaborado por Carmelo Barrio, un informe que calificó de “equilibrado y consecuente” con los trabajos realizados en las últimas semanas en el citado foro parlamentario. Sus palabras sobre las responsabilidades políticas de los dirigentes peneuvistas no permiten una doble interpretación. “Queda claro que hay responsabilidades políticas de quienes autorizaron en órganos de designación política, no técnica, una serie de operaciones que han supuesto la pérdida de recursos públicos”, aseguró Reyes.
La reprobación a la actuación de los responsables políticos peneuvistas en la etapa del Gobierno de Ibarretxe está asegurada. De la redacción final del dictamente dependerá hasta dónde se quiere llegar a la hora de fijar las responsabilidades personales con nombres y apellidos. En cualquier caso, la votación evidenciará la soledad en la que se encuentra el PNV en un caso que ha supuesto un despilfarro millonario de dinero público -48 millones para Epsilon y 16 para Hiriko- y que ha sacado a la luz la deficiente supervisión y control de las ayudas, avales y subvenciones públicas concedidas a este tipo de proyectos.
