El Gobierno vasco destinará dos millones de euros a complementar el desempleo de los afectados por un ERTE por la guerra de Irán

El Gobierno vasco destinará dos millones de euros a complementar el subsidio por desempleo de los trabajadores afectados por un ERTE como consecuencia de la guerra de Irán. La medida, en línea con la que se adoptó durante la crisis de la COVID-19, se acompaña de otros 100 millones para fomentar la contratación y se ha ratificado este martes en la Mesa de Diálogo Social, en la que se sienta el Gobierno vasco la patronal Confebask y los sindicatos CCOO y UGT -ELA y LAB no participan- y que ha celebrado su primer encuentro en lo que va de legislatura. La medida anunciada tras este encuentro se adelantó ya de hecho en la presentación del conjunto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en la economía vasca el pasado mes de marzo, aunque ahora se ha ampliado algo los posibles trabajadores beneficiados, respecto al anuncio inicial.

En concreto, si en principio se anunció el complemento de los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros, la medida se ha ampliado para los afectados con bases de cotización inferiores o iguales a 23.000 euros y por un importe de 175 euros mensuales para personas con una jornada de trabajo superior al 50% y de 125 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%. “Se trata de apoyar a los trabajadores más vulnerables y con salarios más reducidos”, ha dicho el vicelehendakari Mikel Torres, siempre que provengan de sectores afectados por la guerra de Irán y que con el compromiso de que se mantenga el empleo. De forma paralela se activarán fórmulas de acceso a la contratación con discriminación positiva para desempleados y empresas afectadas por las consecuencias de la guerra por un importe máximo de 100 millones de euros.

En la reunión de este martes se han acordado también las bases de la futura Ley vasca de Participación Institucional, el avance en el desarrollo de un modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral, según ha informado Torres. Respecto a la Ley de Participación Institucional, Torres ha resaltado que “consolidará el papel estructural del diálogo social en Euskadi”. “Estamos construyendo una arquitectura institucional más sólida, transparente y participativa, que sitúa el diálogo en el centro de la acción pública”, ha afirmado. Asimismo, ha destacado que esta ley abrirá un proceso de reflexión sobre el papel de sindicatos y organizaciones empresariales en el sistema democrático y económico vasco y de hecho, ha anunciado que habrá “discriminaciones” y consecuencias“ para los agentes sociales que no quieran participar en los órganos de dirección colegiada. ”Todos tienen el valor de poder participar y contribuir en el ámbito directo e institucional y está claro que aquellas personas u organizaciones que no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellas que sí participan en esos procesos“, ha indicado.

En concreto, se apunta que la norma regularía las diferentes formas de sustitución para el caso de que alguno de los agentes sociales no participe de forma efectiva o renuncie a su derecho de nombramiento, “evitando que se produzca un menoscabo de su capacidad de intervención en aquella parte que pudiese quedar infrarrepresentada”. Por último, se ha acordado que deberían quedar fuera de esa norma todas las estructuras actuales creadas para la canalización del diálogo directo entre los agentes sociales, como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social.

Por último, la Mesa de Diálogo Social ha acordado crear un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral vasco, orientado a anticipar retos y aprovechar oportunidades. “La migración es una realidad estructural que debemos gestionar con responsabilidad, garantizando procesos seguros, ordenados y respetuosos con los derechos humanos”, ha indicado el vicelehedakari. En este grupo de trabajo se analizará el papel de la migración laboral ante los retos demográficos y de empleo en Euskadi. Entre sus funciones estará el análisis continuo del impacto de la migración en el empleo, la identificación de necesidades de empresas y trabajadores, y la elaboración de propuestas para su traslado a la Mesa de Diálogo Social.