El Gobierno vasco ha financiado la recuperación de cuatro fosas comunes en Castilla y León

Castilla y León ha publicado un primer mapa de fosas comunes de la Guerra Civil (1936-1939) fruto de un convenio con la Universidad de Burgos. En esa gran base de datos consta que en cuatro casos (de 680) la entidad que ha financiado la localización y las exhumaciones ha sido el Gobierno vasco. Se trata de un caso en el municipio de Condado de Treviño, en el enclave del mismo nombre ubicado en Álava pero perteneciente a la provincia de Burgos, de dos en Ameyugo -una localidad entre Miranda de Ebro y Pancorbo- y otro en Altable -unos kilómetros más al sur, pegada a La Rioja-.

El forense Francisco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, confirma que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu corre con los gastos de determinados trabajos incluso fuera del ámbito de la comunidad autónoma siempre que los familiares de las víctimas que insten este tipo de actuaciones sean residentes en Euskadi. Pueden ser casos de vascos represaliados en Castilla y León -este periódico publicó el caso de un Guardia Civil vizcaíno y republicano localizado en Valladolid- o de descendientes de castellanoleoneses ahora instalados en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa y que desean recuperar a sus familiares. Etxeberria indica que Aranzadi ha trabajado también en otros lugares además de estos cuatro puntos, tanto en esta región como en otras autonomías. “Nos hemos movido bastante”, apunta.

En el caso de Condado de Treviño, que es un municipio colindante con Vitoria, la fosa se identificó en 2005 intramuros del cementerio y de allí se exhumó un cuerpo. Como casi en toda Álava, tras el golpe de Estado de 1936 esta zona se adhirió a la sublevación franquista. En el cementerio de Altable aparecieron ocho represaliados en 1936 por el bando sublevado en 2006. Eran seis afiliados a CNT, un socialista y un republicano que provenían de Sajazarra (La Rioja), donde fueron arrestados en 18 de agosto de 1936, según recogió entonces una crónica de Europa PRess. En el caso de Ameyugo, una de las fosas está localizada y exhumada -apareció un cuerpo- pero hay otra sin identificar.

Pero hay más casos. En Rabanera del Pinar, otro municipio de Burgos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) promovió la localización en 2009 de una fosa común en la que aparecieron restos de cinco represaliados. El etiquetado como número 5 resultó ser Miguel Varga Arnaiz, un vecino de Tolosa (Gipuzkoa) que en el verano de 1936 volvió a su tierra natal. Su caso fue el primero que se logró identificar merced al banco de ADN del Instituto de la Memoria (Gogora). Sus familias habían donado una muestra en 2017. En 2018, sus restos -envueltos en una bandera roja, amarilla y morada- fueron depositados en el columbario de la dignidad de Elgoibar en un acto presidido por el lehendakari y por el entonces secretario general de la Presidencia de Castilla y León, José Manuel Herrero.

Al revés, en Euskadi también se están identificando víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de otros lugares. A finales de julio, por ejemplo se inauguró el segundo columbario en Orduña, también como Treviño un enclave dentro de Álava, en este caso de Bizkaia. Entre 1937 y 1941, el franquismo mantuvo allí operativo un campo de concentración y una prisión. Se clasificó “de forma masiva” a miles de republicanos, tanto locales como de Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya y otros lugares. 

“Quiero subrayar que no murieron de muerte natural, murieron víctimas del sistema penitenciario franquista y de las condiciones crueles e inhumanas a las que fueron sometidos por el régimen. Yo no soy historiadora, pero tengo entendido que la principal enfermedad entre la población reclusa de aquellos años era la avitaminosis, denominación bajo la que en realidad se escondía el hambre. Se conservan, por ejemplo, clandestinas fotografías de famélicos presos vascos, víctimas de avitaminosis, internados en la Prisión Central de Burgos. Esas imágenes nos recuerdan al peor de los campos de concentración nazis”, expresó en Orduña la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que es la responsable de las políticas de memoria histórica en el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Y añadió: “Mientras pueda existir la posibilidad de localizar e identificar en tierra vasca los restos de un represaliado republicano, sea vasco, andaluz, asturiano, extremeño o de cualquier otro origen no vamos a cejar en nuestro empeño. Seguiremos poniendo todos los recursos humanos, materiales, científicos y económicos necesarios para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos en la guerra y posguerra en Euskadi”.