El juzgado de Getxo pide más informes sobre el derribo del edificio Irurak Bat y cita a nuevos testigos a declarar

El magistrado Marcos Amor, instructor de la investigación sobre el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat, ha acordado una nueva batería de actuaciones que incluyen la toma de declaración de nuevos testigos -vecinos que vieron la demolición o ertzainas, por ejemplo- o la solicitud de informes adicionales al Ayuntamiento. Sin embargo, aún no se ha concretado cuándo comparecerán los imputados, ente ellos dos exediles del PNV que se comprometieron a comprar una de las viviendas de lujo que iban a sustituir al viejo palacete y un tercero, del mismo partido, que participó también en la tramitación. Iban a ser en febrero, quedaron suspendidas y no hay nueva previsión.

Según se ha decretado en un auto firmado este lunes y notificado este viernes, los nuevos testigos son Urko Balciscueta, arquitecto municipal que en marzo entregó un informe en el que remarcaba que el plan para la parcela del Irurak Bat preveía el “mantenimiento” del edificio, su colega Amaia de Felipe, cuatro ertzainas que han investigado la operación y dos municipales que levantaron acta del derribo, acometido en el verano de 2024. Asimismo, se suman a la lista un técnico que hizo la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y representantes de las empresas Eslora, Ereaga Atalaya o Zandesa, así como dos vecinos que vieron los hechos. Las fechas establecidas son los días 7, 11 y 12 de mayo.

El juez Amor ha pedido también a la Policía de Getxo un informe sobre “todo lo relativo” a cómo se hizo el derribo y al Ayuntamiento abundante documentación, incluido el número de solicitudes para demoliciones de edificios con el mismo nivel de custodia que el Irurak Bat presentadas entre 2021 y 2024 y cómo se tramitaron. La empresa Tinsa deberá informar de la tasación que hizo, Ibkogest de cómo ejecutó el derribo y el Ayuntamiento, igualmente, habrá de explicar la contratación del despacho ADI.

Muchas de las actuaciones ahora ordenadas por el juez fueron reclamadas por el PP, partido de la oposición al PNV en Getxo y personado como acusación en la causa penal. La Fiscalía se ha adherido a buena parte de ellas, eso sí. Recuerda el magistrado que los hechos analizados, indiciariamente, pueden constituir un doble delito. Por un lado, está el delito por el derribo como tal y, por otro, la posible prevaricación, es decir, dictar resoluciones “a sabiendas de su injusticia” para dañar “edificios singularmente protegidos”.

Se da la circunstancia de que el instructor acaba de prorrogar por seis meses el plazo de investigación. Según las fuentes consultadas, la causa está aún en una fase muy inicial. El juez Amor tomó las riendas de este expediente hace escasas fechas en sustitución de la sustituta Neus Galobardes. El procedimiento como tal se abrió en 2024, pero fue en enero de 2026 cuando adquirió gran notoriedad por los registros en el Ayuntamiento a instancias de la Ertzaintza, que actúa como Policía judicial y que recalca que hay evidentes indicios de delito en todo lo que rodea al palacete.