El Estado prevé para octubre el traspaso de los ferrocarriles de Cercanías a Euskadi

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho coincidir su viaje a Leioa para la reunión interautonómica de la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE) con un encuentro bilateral con la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Euskadi lleva meses quejoso con la paralización de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979 a pesar de existir un calendario comprometido por el Gobierno de Pedro Sánchez y de que en fases anteriores ha permitido acuerdos en materias como Prisiones o el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV). Garamendi ha asegurado haber terminado la cita con “escepticismo” aunque ha apuntado que podría producirse “en octubre” el traspaso de los ferrocarriles de Cercanías.

En Euskadi ya se gestionan parcialmente los servicios de Cercanías a través del operador autonómico Euskotren, que en 2022 ha cumplido 40 años, pero Renfe sigue teniendo líneas en Donostia y en el gran Bilbao, así como también las heredadas de la extinta FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha). En el caso de Bilbao se están produciendo numerosas quejas de los usuarios por el estado de los convoyes y las frecuencias. Es una materia que ya estuvo a punto de ser traspasada con José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces como ahora el consejero responsable del área de Transportes era el socialista Iñaki Arriola. En Catalunya, aunque se formalizó la cesión de la competencia, es Renfe la operadora del servicio conocido allí como Rodalies.

En todo caso, Garamendi no ha salido ni mucho menos optimista de la reunión, solicitada por la parte vasca y que ni mucho menos ha sido “protocolaria”. Aunque la tensión venía siendo creciente, el asunto adquirió relevancia en el debate del estado de la nación cuando, en respuesta al PNV, el presidente Sánchez dio a entender que algunas materias prometidas no eran transferibles. Este viernes, la consejera vasca ha recalcado que sí, que cada punto del calendario tiene “anclaje” en las disposiciones estatutarias, que son además un “contrato de convivencia” entre los vascos y España, según su definición. No es un problema de “viabilidad jurídica” sino de “voluntad política”, ha apostillado en declaraciones a los periodistas.

Euskadi envió en enero propuestas para acelerar algunos traspasos como la gestión del litoral, migraciones o los fondos de apoyo a la cinematografía. Dice Garamendi que no hay respuesta y que la ministra no ha traído a Leioa “ninguna propuesta” al respecto, aunque una nota del Gobierno de España ha destacado cómo esta semana se ha cedido una de ellas, la competencia sobre el litoral, a las Islas Canarias. El listado tiene también otros puntos que resultarán espinosos, como puertos y aeropuertos. En este caso, el Estatuto prevé la gestión autonómica de aquellas infraestructuras que no sean de interés general. En los puertos ya se gestionan todos salvo los más grandes, Bilbao y Pasaia, aunque los directores sí son elegidos por el poder autonómico. En el caso de los tres aeropuertos, tienen la condición de estratégicos en la red estatal de Aena. En Catalunya, el modelo ha conducido a que la Generalitat gestione los aeródromos y helipuertos de menor relevancia mientras que el principal, el de Barcelona, llamado ahora Josep Tarradellas-El Prat, sigue siendo de Aena.

Finalmente, el calendario se completaba con una promesa no de transferencia sino de análisis en un punto crítico, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Aquí no hay precedentes con otras autonomías aunque el PNV interpretó que el acuerdo con el IMV abría la puerta a la gestión autonómica de prestaciones generales sin romper la denominada 'caja única', un concepto blindado en el propio Estatuto. Garamendi ha enfatizado que pelearán por “todas y cada una” de las materias aunque ha admitido que en el algunos supuestos los límites pueden ser “objeto de negociación”.

La ministra Rodríguez, por su parte, ha replicado que “las once competencias transferidas desde que Sánchez es presidente, algunas muy relevantes como Instituciones Penitenciarias o el IMV, representan el mayor empujón al autogobierno vasco en lustros”. Ha asegurado también que “las negociaciones entre Gobiernos” no son “un partido entre rivales” sino “un trabajo de colaboración entre dos socios”. El Estado avisa a Euskadi de que toca cerrar los acuerdos con “rigor jurídico y constitucional extremo” porque “hay formaciones políticas”, en velada referencia a PP o Vox, que podrían “bombardear” los pactos con las autonomías “con recursos ante el Tribunal Constitucional”.

“Hay plena voluntad política”, replica el entorno de la ministra a Garamendi, aunque puntualiza que hay “dificultades técnicas” propias de procesos “complejos”. En efecto, el Estado confirma el deseo de tener listo el acuerdo de Cercanías antes de la aprobación de los presupuestos de 2023 pero se destaca que en el caso de la competencia de litoral, por ejemplo, el precedente canario no es válido porque se ha hecho con un estatuto de segunda generación más preciso. Galicia, que tampoco ha actualizado su primera autonomía, igualmente “no podrá completar la transferencia de costas si no modifica previamente su Estatuto”.

Euskadi quiere sentarse en el Ecofin

El Gobierno de España, además, ha querido destacar la importancia de la reunión de la CARUE como preparatorio para la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. La cita ha tenido lugar en el palacio de Artaza de Leioa, que es la segunda sede oficial de la Presidencia vasca después de Ajuria Enea, aunque tenga una actividad mucho más limitada. Con Rodríguez, ha presidido el foro el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y han estado invitadas las comunidades autónomas.

El Ejecutivo central ha aprovechado el foro para apelar a la “cogobernanza”. “Es la quinta vez que España asume la presidencia de turno del Consejo y por vez primera se adoptan medidas desde el Gobierno para asegurar que todas las comunidades autónomas tengan la oportunidad de albergar algún evento de alto nivel”, ha explicado la ministra-portavoz, que también ha recordado que esta semana se ha reunido la comisión bilateral con Catalunya, que Sánchez ha recibido a los nuevos presidentes autonómicos de Andalucía, Galicia o Castilla y León -los tres del PP- o que ha cerrado acuerdos con las Islas Canarias, tanto competenciales como financieros.

Euskadi, en cambio, ha pedido pasar del plano simbólico al material y ha reclamado presencia con asiento y voz propia en foros comunitarios como el Ecofin. En un comunicado, el Gobierno vasco ha precisado que “se ha hecho extensiva esta solicitud para el resto de órganos europeos” de modo que se asegure “la presencia del Gobierno vasco en los foros y centros de decisión europeos en los que se dirimen cuestiones que afectan a Euskadi”. Y se añade: “Además, se ha solicitado la convocatoria inmediata de la comisión bilateral de cooperación para asuntos europeos entre las Administraciones estatal y vasca y ha apremiado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aproveche la presidencia de turno española en el Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 para que dé luz verde a la configuración de una Macrorregión Atlántica”.