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Urkullu carga contra Sánchez por no dar “ni acuse de recibo” a sus peticiones para estirar el estado de alarma y pide una prórroga de dos meses

Ortuzar, Urkull y Mendia, firmando el acuerdo de coalición

Iker Rioja Andueza

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“No ha habido ni acuse de recibo”. El tiempo que queda hasta el final previsto del estado de alarma, fijado para el 9 de mayo, es cada vez menor y el lehendakari, Iñigo Urkullu, insiste en que Pedro Sánchez debería contemplar una prórroga “con un tiempo tasado” para dar seguridad jurídica a las restricciones que seguirán siendo necesarias para controlar la pandemia al menos en “mayo y junio” o, en todo caso, hasta que la tasa caiga al menos hasta los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Las peticiones desde Euskadi son constantes, incluso por carta como adelantó este periódico, pero sigue sin llegar una respuesta concreta de que se vaya a analizar un cambio de planes. Euskadi es en la actualidad la comunidad autónoma con mayor incidencia de la COVID-19 y su tasa es del doble que la media, superior a 500.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, Urkullu ha remarcado que lo que es necesario del 9 de mayo en adelante es “en todo caso una vía con garantías jurídicas”, aunque la reforma de la normativa sanitaria ordinaria de 1986 tampoco parece que llegaría a tiempo. El lehendakari ha recalcado que Euskadi no es la única comunidad que demanda una prórroga y ha rechazado la fórmula “muy cuestionable” de que se declaren estados de alarma locales para aquellas áreas con mayor incidencia. “No estamos en situación de epidemia localizada. Estamos en pandemia, en pandemia global, y ello requiere herramientas que valgan para el conjunto del Estado”, ha enfatizado Urkullu, agarrándose a la literalidad de la normativa de 1981 de los estados de sitio, excepción y alarma, que alude a actuaciones territorializadas cuando los hechos afecten “exclusivamente” a esos lugares.

El PNV gobierna en Euskadi en coalición con el PSE-EE y en este debate hay matices en la visión de cómo tiene que ser el marco jurídico a partir del 9 de mayo. De hecho, los socialistas sí entienden que cabría en la normativa una solución “a la carta” para Euskadi, tal y como se hizo con Madrid brevemente antes del segundo estado de alarma general. En línea con la posición de Pedro Sánchez, la vicelehendakari socialista, Idoia Mendia, ha manifestado que la vacunación avanza a buen ritmo y que “igual en dos semanas” la tasa de incidencia baja a 200 en Euskadi, por lo que toca pensar en un escenario de regreso a la normalidad jurídica. Y ha añadido que el presidente del Gobierno tiene que “pensar en el conjunto de España” y que “el estado de alarma no es la panacea” porque esta ola, que ha puesto en jaque a los hospitales vascos con niveles próximos a los de la primera fase de la pandemia, ha llegado después de meses bajo ese régimen excepcional.

En relación a la aparente división entre los dos partidos del Gobierno, Mendia ha afirmado al tiempo que PNV y PSE-EE “reman en la misma dirección” pero también que “en el seno del Consejo no se habla del estado de alarma” y que la situación no parece tan apremiante cuando su “compañera” Gotzone Sagardui, consejera de Salud, no mencionó el tema en la última reunión interterritorial entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades, celebrada este miércoles. Y ha añadido que ya se tramita una 'ley antipandemia' de ámbito autonómico. No obstante, muchas de las medidas previstas solamente se pueden activar precisamente bajo un estado de alarma y su promulgación no llegará al menos hasta mediados o finales de junio, por lo que dejaría en el aire la situación durante al menos un mes.

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