El responsable del sector apícola de UPA-UCE Extremadura, Antonio Prieto, dice que si en algún asentamiento se tienen que matar abejarucos, tienen los permisos para hacerlo. Ha pedido a los partidos y organizaciones críticas con las medidas aprobadas que “no pongan palos en las ruedas”.
Señala que el control de la acción de los abejarucos en los colmenares se tomaron debido a “la situación catastrófica” por la atraviesa este año el sector de la apicultura. Entre ellas destaca la posibilidad de usar cetrería, dispositivos de sonido, elementos visuales o disparos con escopeta, desde el 1 de agosto al 30 de septiembre.
Son unas medidas criticadas por grupos ecologistas como SEO Birdlife o Ecologistas en Acción, así como partidos como Equo o Podemos. Ante ellas la organización agraria dice que son opiniones “muy sesgadas, interesadas, totalmente simplistas y demagógicas”.
Les ha reprochado que no se hayan puesto en contacto con UPA-UCE, a pesar de ser la organización mayoritaria entre los apicultores de la región, y “tengan la osadía de salir en la prensa diciendo que las medidas no son efectivas”.
Ha mostrado su “enérgico rechazo” a esas opiniones y ha pedido a los grupos críticos que no sigan presionando a las administraciones, porque “hacen muchísimo daño a los apicultores”.
Ave protegida
Prieto ha recordado que no es fácil tomar medidas porque estas aves “tienen interés especial en el modelo de protección ambiental” y ello conlleva que todas las acciones que se emprendan deben estar en coordinación con la ley, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
Argumenta que el abejaruco es el principal problema que sufren los colmenares, porque las abejas no pueden salir a comer y beber. Al no salir en varios días, los cuadros de las colmenas se desploman.
Ha subrayado que, según estudios de diversas universidades, la dieta del abejaruco en los meses de julio, agosto y septiembre se compone entre un 70% y un 85% de abejas.
Respecto a la posibilidad de instalar una malla que proteja las abejas, ha asegurado que supondría una inversión por apicultor de alrededor de 20.000 euros, un coste que “este año, en muchas explotaciones apícolas, no se recogerán en miel”.