Asaja Extremadura cuantifica en más de 5 millones las pérdidas por los incendios forestales en la región

Asaja Extremadura ha cuantificado inicialmente en más de 5 millones de euros los daños causados a ganaderos por los incendios forestales sufridos este verano en la región y ha dicho que la “Unión Europea y el Gobierno de España, que amplió la política medioambiental, son los auténticos responsables intelectuales de los incendios”.

Según ha explicado en rueda de prensa el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, hasta la fecha los socios de esta organización han comunicado “más de 200 vacas muertas, más de 600 ovejas y casi 4.000 colmenas”, por lo que se está “hablando ya, solamente en ganadería, de pérdidas superiores a los 5 millones de euros”.

En su comparecencia, García Blanco ha trasladado peticiones concretas a la UE, el Gobierno de España y la Junta de Extremadura, a la que ha instado, junto a las diputaciones provinciales, a que suministren paja a los ganaderos afectados porque “los rumiantes la necesitan”.

En cuanto al Gobierno central y la UE, García Blanco ha manifestado que los agricultores y ganaderos “no pueden seguir sufriendo imposiciones, como dejar que crezca la hierba entre los olivares y los cerezos, porque actúan como auténtica mecha”.

Y ha apuntado una serie de medidas aparejadas a la declaración de zona catastrófica en el próximo Consejo de Ministros para los territorios afectados por el incendio de Jarilla, que afecta a los valles del Ambroz y Jerte con 17.355 hectáreas quemadas. Medidas como la de “IRPF cero, condonación de la Seguridad Social y del IBI”, así como la necesidad de que “todos aquellos derechos de carbono que se generen en las reforestaciones vayan a los agricultores y ganaderos”.

Asaja ha señalado además compensación por pérdida de pastos de 20 euros por hectárea, de 150 euros a las de cultivo herbáceos, de 1.200 euros a las de cerezo y de 400 euros las de olivar; en este último caso ha destacado los “importantes daños” (con más de 200 hectáreas afectadas) por el incendio de Llerena.

En ganadería, para favorecer la reposición: 1.500 euros por vaca muerta, para resaltar las “más de 200 reses muertas en los incendios de Casar de Cáceres y Campo Lugar”, con un valor que supera los 3 millones de euros.

En ovino, donde pide 160 euros por oveja o cabra, ha destacado que en el incendio de Campolugar perecieron más de 600 ovejas, valoradas en casi 1 millón de euros; además de una compensación de 150 euros por colmena; y de ayudas directas para recuperar cobertizos, alambradas, instalaciones y maquinarias.

Todo ello para paliar los efectos de las “52.000 hectáreas que han ardido este verano” en Extremadura en 66 incendios, de los que 14 han superado las 500 ha de superficie quemada. Esto supone “un 13,4 % del total nacional, que se acerca ya a las 390.000 hectáreas arrasadas” por el fuego.

“Los políticos no lo entienden”

García Blanco, quien ha instado a la Junta a tener “celeridad” en “hacer rápido el control de la calificación agrícola de las zonas quemadas”, ha asegurado que el coste de las labores de prevención “supone menos de un 10% del coste de las labores de extinción, pero los políticos no lo entienden”.

Agricultores y ganaderos, ha dicho, eran “conscientes” de la problemática que podía suceder este año a consecuencia del “fundamentalismo medioambiental”, por el que “los pueblos se irán abandonando y, por supuesto, se quemarán”; así como por las abundantes “lluvias de la primavera, un exceso de pastos y una gran falta de previsión por parte de todas las autoridades a todos los niveles”.

Al respecto, ha indicado que el hecho de que “el 33 % de nuestro territorio sea zona ZEPA” solo ha servido para acrecentar el “abandono del mundo rural y no poder realizar labor agraria, charcas, puntos de acopio de agua, cortafuegos, etc.”, y ha cargado contra la Junta de Extremadura porque “prometió que iba a modificar estas restricciones en espacios protegidos; pero, de momento, no ha modificado nada”.

Asimismo, ha censurado que no se realizan labores de limpieza de cauces de “ningún río”, lo que “provoca el aumento de la vegetación”, que el Ministerio de Transición Ecológica “no invierte en protección ni limpieza de los montes” y que “no se ejecutan los planes preventivos y existe una descoordinación con las comunidad autónomas.