La plataforma de interinos y laborales Piltex acusa a la Junta de exterminarles al convocar oposiciones
La asociación de personal interino y laboral temporal de Extremadura (Piltex) ha pedido a la Junta que cambie su hoja de ruta en el “exterminio” que ha iniciado del personal temporal, y evite el cese de un gran número de trabajadores “que son meras víctimas de la mala praxis de la Administración”.
Piltex ha celebrado una ronda de reuniones con los distintos partidos políticos representados en la Asamblea regional para trasladarles esta demanda, también con el PSOE, al que ha instado a trasladar esta reivindicación al Gobierno regional.
Les ha manifestado también su preocupación ante el “drama” que supone para miles de trabajadores públicos que la Junta haya convocado por concurso oposición sus plazas para evitar así cumplir con la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Un personal, ha señalado en una nota, “al que le es de aplicación dicha ley y, por tanto, un concurso de méritos para poder estabilizar sus plazas”.
Por el contrario son “numerosas” las administraciones que están actuando de manera contraria, intentando solucionar un problema “largamente enquistado” y “pensando en las personas”.
La Diputación de Sevilla habría acordado la estabilización de 546 empleados temporales mediante la fórmula de concurso de méritos, la cual está respaldada por la reciente normativa nacional para la reducción de la temporalidad en el empleo público, según resalta.
La asociación valora además que este acuerdo haya salido adelante con la firma de cinco sindicatos, incluidos CCOO y UGT, “posicionados diametralmente opuestos en sus opiniones respecto a sus delegaciones extremeñas”.
El Ayuntamiento de Badajoz, por otro lado, habría revocado los procesos selectivos de todas aquellas plazas convocadas a lo largo de 2021 y que ahora se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/21 de reducción de la temporalidad.
Este desistimiento se apoya, explica la asociación, en la disposición adicional sexta de dicha norma, en la que se establece la posibilidad de convocar con carácter excepcional, y por sistema de concurso, aquellas plazas ocupadas por temporales durante los últimos cinco años.
Esas dos decisiones ratificarían la “legalidad y conveniencia” de ajustarse a la Ley 20/21 para la solución al problema de la temporalidad creado por las administraciones públicas y prohibido por el derecho de la Unión Europea.
La solución es “más cuestión de voluntad y predisposición que de reglamentación y trabas burocráticas”.
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