Doble traición a los funcionarios docentes interinos

El 5 de julio de 2021 los sindicatos tradicionales pactaron con el ministro Miguel Iceta un acuerdo para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Los interinos calificaron ese acuerdo como“icetazo”. Sin embargo, yo lo llamo la “doble traición” porque el 29 de marzo de 2017 los sindicatos tradicionales y el Gobierno de aquel entonces, hicieron lo mismo que ahora, firmaron un acuerdo para la mejora del empleo público, por el que pretendían estabilizar las plazas docentes pero no a los interinos que las ocupaban. Un verdadero ERE encubierto patrocinado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que, en realidad, nada tiene que ver con una cuestión ideológica porque la primera traición la negociación con el gobierno del PP y la segunda con el del PSOE.

Iceta, tras perpetrar el latrocinio contra los funcionarios interinos, deja el Ministerio de Administraciones Públicas y se pasa al de Cultura y Deporte (bien pudiera parecer que fue nombrado solo para amortizar a los funcionarios interinos y poner, después, pies en polvorosa); ahora, el tripartito sindical, ya ducho en traiciones,y con el camino expedito, se encargará de disolver los rescoldos que puedan quedar de tamaña traición.

¿Por qué el tripartito sindical actúa de forma contraria a los intereses, en este caso, de los funcionarios interinos, particularmente de los docentes? El origen está en el acuerdo de 1982, por el que las organizaciones sindicales tradicionales empezaron a recibir subvenciones millonarias a cargo de los presupuestos generales del Estado y la cesión de cientos de cursos de formación.Ese es el instante en que el tripartito sindical se convirtió en colaborador necesario, y bien pagado, del Estado para este pueda utilizarlos, cuando los necesite, como coartada para “icetazos” o traiciones de índole diversa.

Un sindicato libre, ajenos a extrañas presiones y no subvencionado no se hubiera prestados a la felonía, al engaño, a la infamia, a la vileza y, en fin, a la conjura para poner en peligro el trabajo, el sustento de miles de personas y, además, intentar, sin éxito, hacerlo pasar por un buen acuerdo.

El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el que, ahora, intentan cumplir con las Unión Europea y bajar la temporalidad en la Administración, es una normativa que tiene difícil encaje en educación. Una de sus medidas básicas es que los funcionarios que lleven ocupando la misma plaza estructural durante 10 años, podrían pasar directamente al concurso de méritos, pero, en educación, esa condición no se da (o, al menos, difícilmente), en la medida de que los interinos suelen ocupar distintas plazas cada curso y, en cualquier caso, no la misma plaza durante tanto años.

Es una entelequia, una quimera, un engaño más a sumar a tantos otros. El tripartito sindical hará lo que el gobierno quiera, firmarán lo que les pongan por delante, aceptarán cualquier solución y, después, la venderán como un logro sindical.

PIDE, a través de la Federación de Independiente de Docentes, tiene solicitada una reunión de trabajo para negociar con el MECD y para explicarles que educación necesita su propio proceso de consolidación de empleo, adaptada a su realidad y sin olvidarse de los interinos.