Singularidad nuclear catalana, por supuesto

En los últimos días, a partir de una información publicada en Abc, en mi opinión más bulo que noticia, ha tomado cuerpo en Extremadura la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez iba a perpetrar contra nosotros un nuevo atropello al facilitar la singularidad nuclear catalana, mediante la cual los reactores nucleares catalanes prorrogarían su funcionamiento más allá de los años que contempla las autorizaciones en vigor (2030/2031). Mientras, los reactores de “nuestra” central tendrían que cerrar en las fechas previstas (2027/2028), a pesar del clamor existente contra ello en nuestra tierra, como se ha encargado de demostrar la encuesta de la que hace unos días se hacía eco El Periódico Extremadura. Nuestra presidenta es la principal denunciante de tal supuesto atropello que estaría preparando el “pérfido ocupante” de la Moncloa.

Las centrales nucleares, a diferencia de otras instalaciones de producción eléctrica, están gravadas por un impuesto específico de ámbito nacional, sobre el combustible nuclear gastado. Además, tienen que hacer frente a la tasa Enresa, una prestación patrimonial de carácter público no tributario que cubre las actividades de la empresa pública encargada del desmantelamiento de las instalaciones nucleares y de la gestión de por vida de los residuos de alta actividad, esos que legaremos a las generaciones venideras como herencia. También están sometidas a ecotasas o impuestos establecidos por las comunidades autónomas como justificación por su incidencia en el medio ambiente.

Estas circunstancias hacen que la producción de energía nuclear, según algunos estudios de parte, no sea rentable para los productores, al elevar los costes de generación por encima de los valores de remuneración de la electricidad en el mercado regulado. Es por ello por lo que las propietarias de los reactores en funcionamiento, a través del Foro Nuclear, su activo lobby, están planteando que para continuar la explotación más allá de los periodos actualmente aprobados y acordados por ellos mismos es necesario bajar estos costes mediante la reducción de tasas e impuestos y, aunque esto no suele decirse públicamente, garantizarles un precio de la electricidad del orden de 65€/MWh, sacando para ello a las nucleares del mercado regulado.

Hasta aquí lo que hay, a lo que habría que añadir para información general, que en Cataluña hay en funcionamiento tres reactores nucleares: Ascó I y II y Vandellós II. El cuarto, Vandellós I, hubo que desmantelarlo después del más grave accidente nuclear ocurrido en España, en 1998 , cuando el reactor nuclear fue devastado por un incendio. A diferencia de lo que ocurre en Extremadura, la mayor propietaria de instalaciones nucleares ubicadas en Cataluña es Endesa, que podría pedir en cualquier momento la prórroga más allá de 2030 del reactor del que es propietaria exclusiva: Ascó I, sin necesitar para ello, como ocurre en Extremadura, con el beneplácito de Iberdrola, menos entusiasmada con la prórroga nuclear una vez que tiene el control de la producción fotovoltaica. Que se sepa oficialmente, Endesa aún no ha solicitado dicha prórroga.

Pues bien, para que existiera la “singularidad nuclear catalana”, que de momento no es más que un bulo alimentado por portavoces voluntarios del lobby, como nuestro gobierno regional, el gobierno de coalición debería eliminar, solo para Cataluña, impuestos y tasas, algo difícilmente creíble e imposible de justificar.

Otra alternativa de reducción de costes sería que las comunidades autónomas eliminaran o redujeran su ecotasa, como ya ha hecho la valenciana. Sinceramente, no veo a la Generalitat catalana renunciando a los 140 millones de euros que anualmente pagan “sus” nucleares. Tampoco veo a Guardiola renunciando a los 80 millones de euros anuales que recauda la Junta de Extremadura de “nuestras” centrales atómicas, pero aquí no me atrevería a poner la mano en el fuego porque ya lo estamos haciendo con otros impuestos y después reclamamos más financiación a Pedro Sánchez.

Una nota al margen. Uno, que no es precisamente un amante de las encuestas, incluidas las del CIS, duda que Extremadura quiere la continuidad de Almaraz. Ese sondeo dice que 9 de cada 10 votantes de PP, PSOE y Vox rechazan el cierre, o que un 86% de la población evalúa como positivo el impacto económico de la central desde su apertura y ocho de cada diez la consideran segura.

Igual sí, igual somos los viejos roqueros antinucleares los que estamos equivocados y vivimos con nuestras antiguas ensoñaciones de cuando gritábamos ¡NUCLEARES NO!, entonces acompañados de muchos de los nuevos conversos.