El exalcalde del PP de un municipio pontevedrés se enfrenta a siete años de cárcel por delitos urbanísticos

El exalcalde del PP de Campo Lameiro (Pontevedra) Julio Sayáns se enfrenta a siete años y tres meses de cárcel por delitos de falsedad de documento público y contra la disciplina urbanística por la construcción de una depuradora que invadió terrenos privados y otra parcela que debía ser destinada a zona verde. El exregidor, que gobernó durante 36 años en el municipio se enfrenta la próxima semana al juicio. Junto a él se sentarán en el banquillo un ingeniero que se encargó del proyecto, y para el que se piden cuatro años y medio de prisión, y la secretaria municipal, que se enfrenta a dos años y medio de cárcel.

Los hechos sucedieron 2013 y 2015. Ante la necesidad de modificar o sustituir la estación depuradora existente en el polígono industrial de A Facha de Campo, Sayáns encomendó en 2013 la realización del proyecto a un ingeniero, que atendió la tarea a través de su empresa y presentó un anteproyecto en febrero de 2014. El pleno del Ayuntamiento lo aprobó y encomendó a este profesional la realización de la obra de la mejora de la depuradora.

El 14 de julio de 2014 el regidor ordenó a la secretaria municipal que hiciese un informe sobre el procedimiento a seguir. Ese mismo día, la secretaria emitió el certificado sobre la existencia de crédito suficiente y un estudio acerca del procedimiento de contratación que se debía seguir. Según el fiscal, la investigada “no hizo referencia en su informe a la necesidad de la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas por un funcionario municipal ni tampoco manifestó que era en todo caso necesario encomendar a un técnico externo la confección del pliego de cláusulas técnicas de la obra de no contar con personal municipal que pudiese efectuar esta tarea”.

Las obras empezaron en octubre de 2014, pese a que no constaba el pliego de condiciones técnicas en el proyecto. La secretaria no hizo reparos a la legalidad en la junta de gobierno local, lo que la acusación considera “un absoluto desprecio por las normas administrativas que regulan la contratación de obras públicas y con pleno conocimiento” de la vulneración de normas básicas.

Además, hubo un cambio en la ubicación final por el cual la depuradora quedó instalada sobre dos parcelas, una de las cuales era propiedad de una sociedad privada. En la otra, que estaba previsto que se dedicase a una zona verde, “estaba prohibida la instalación de construcciones industriales o fabriles tales como una estación depuradora”.

El fiscal reclama en su escrito la demolición de lo construido y la reposición a su estado originario, así como inhabilitación y el pago de una multa para los acusados.