Feijóo pide al Gobierno una negociación para evitar la suspensión en el Constitucional de su ley contra la pandemia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participa en una conversación online. EFE/XUNTA/David Cabezón

Después de varios meses acusando al Gobierno de no hacer los deberes para crear un marco jurídico desde el que gobernar la pandemia, Feijóo quiere negociar con Pedro Sánchez. El presidente de la Xunta ha lanzado este martes un llamamiento para que Moncloa se replantee su intención de recurrir ante el Constitucional la norma aprobada por el Parlamento de Galicia a finales de febrero para gobernar la pandemia con reglas exclusivas de la comunidad autónoma. La ley de Feijóo fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta el barón gallego del PP. En su redacción participaron los principales funcionarios legales de la Xunta de Galicia, incluido su letrado jefe. Y lo hicieron al servicio del Partido Popular, que fue quien finalmente llevó la propuesta a la cámara autonómica. El articulado de la norma gallega, ya en vigor, incluye una miscelánea de textos preexistentes, constantes referencias a la ley de Salud de 1984 y novedades como la que alude a la posibilidad de convertir el proceso de vacunación en algo "obligatorio" para la población gallega. Se prevén multas de hasta 60.000 euros.

El Gobierno inicia el trámite para recurrir ante el Constitucional la ley gallega que abre la posibilidad de obligar a vacunarse

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Este martes el Consejo de Ministros ha ordenado al Consejo de Estado la redacción de un dictamen, ante las dudas sobre la constitucionalidad del texto estrella de Feijóo. Se trata de un trámite imprescindible para el Gobierno antes de recurrir la norma ante el Constitucional. Las recomendaciones que elabore el Consejo de Estado no son vinculantes. Dicho en otras palabras, el Gobierno podrá recurrir ante el TC diga lo que diga el informe solicitado al órgano consultivo.

Si Moncloa da ese último paso, la ley gallega quedará suspendida de manera inmediata, a la espera de una sentencia que ratifique esa decisión y que, visto el atasco en el tribunal de garantías, podría tardar varios años. El pasado 25 de febrero, la ministra ministra de Sanidad, Carolina Darias, advertía por primera vez el principal error en el empeño legislativo gallego: "Limitar los derechos fundamentales" desde una comunidad autónoma. Fuentes del gabinete de Sánchez, consultadas por elDiario.es, dan por seguro que la norma redactada por Feijóo acabará en el cajón de los papeles mojados.

El presidente de la Xunta pide ahora una negociación. Ese trámite de acuerdo entre partes está previsto en la ley pero obligaría al Partido Popular de Galicia a realizar una reforma legal sobre su propio texto para adecuarlo a las recomendaciones de Moncloa y evitar el veto. "Supongo que (el Gobierno) no tomará ninguna decisión sin reunirnos en una comisión bilateral", ha asegurado Feijóo este miércoles. El jefe del Gobierno gallego acepta ahora tratar los matices sobre su norma que no quiso atender cuando era la oposición gallega quien se los planteaba durante el debate parlamentario. En aquella ocasión, el líder gallego del PP fio toda su suerte a la potencia de su mayoría absoluta. Ahora a quien tiene enfrente es al Gobierno central y al Tribunal Constitucional.

En su estrategia de defensa, a la Xunta se le han escapado los marcos que separan el poder del ejecutivo y el del Partido Popular. Feijóo ha reconocido este miércoles que su Lei de Saúde se redactó en los despachos de gobierno gallego, aunque quien la presentó ante el Parlamento fue el grupo parlamentario del Partido Popular. "Estamos tranquilos. Hicimos una legislación muy sólida. Está supervisada por los mejores letrados de la Xunta de Galicia y por su letrado jefe. Lo que hacemos es llenar un vacío que llevamos un año reclamando".

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