Varios abogados aseguran que sintieron “temor de ir a prisión” durante la instrucción del caso Cursach

Dos abogados que asistieron a varios detenidos durante las investigaciones contra el empresario de la noche Bartolomé Cursach han asegurado este lunes que sintieron “temor de ir a prisión” porque, durante la instrucción de la causa, se estaban encarcelando a personas de forma “indiscriminada”.

Los letrados han declarado en calidad de testigos en el juicio que durante estos meses se celebra contra los antiguos investigadores del más conocido como caso Cursach, insistiendo en que en los interrogatorios efectuados tanto por el entonces instructor de la causa, Manuel Penalva, como por el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos dirigían las comparecencias de forma “agresiva” y las declaraciones, además, las “dictaban”.

Junto a Penalva y Subirán se sientan en el banquillo cuatro policías de Blanqueo de la Policía Nacional que colaboraron estrechamente con los dos juristas a la hora de levantar las alfombras de un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a proteger los intereses del propietario del mayor imperio del ocio de Balears. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclama 118 años para el exjuez y 121 y nueve meses para el exfiscal por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial.

“Se invirtió la carga de la prueba y en vez de investigar la policía, éramos nosotros los que teníamos que demostrar que nuestros clientes eran inocentes”, ha afirmado una abogada durante la sesión de este lunes.

La testigo ha relatado en concreto un episodio en que uno de los policías actualmente acusados llevaba la pistola reglamentaria durante una declaración. “La podía desenfundar en cualquier momento. Eso no lo había visto yo en mi vida”, ha añadido.

La “credibilidad” del testigo 29

Sobre el testigo protegido 29 -en la actualidad investigado por un presunto delito de falso testimonio-, quien denunció en su día que la discoteca Tito's -buque insignia del grupo Cursach- era frecuentada por agentes de la Policía Local de Palma a quienes, aseguraba, se agasajaba con servicios de prostitución, alcohol y drogas a cambio de salvaguardar la buena marcha de los negocios de Cursach, otro abogado ha recordado que los investigadores daban “total credibilidad” a lo que decía sin realizar ninguna comprobación. Tales acusaciones fueron, años después, echadas por tierra por la Fiscalía Anticorrupción por “falta de verosimilitud”.

En otro momento, la abogada que ha comparecido como testigo ha asegurado que uno de los agentes de Blanqueo le admitió que sentía “vergüenza ajena” de cómo estaba transcurriendo la instrucción en algunos momentos. En esta línea, ha añadido que “tenía la sensación” de que los policías sí que tenían “intención de investigar la verdad”. Según ha explicado, el agente le facilitó su teléfono para que le trasladara cualquier consideración que creyera que merecía ser investigada.

En otro momento de la sesión, una extrabajadora de Tito's ha asegurado que durante un interrogatorio al que fue citada, los investigadores le amenazaron con llevarle al calabozo tras negar haber visto fiestas de policías en la discoteca. La mujer ha afirmado que los investigadores buscaban que ratificara lo apuntado por otros testigos respecto a la existencias de fiestas con drogas en la zona VIP. “Nunca vi eso que decían”, ha afirmado.

Impacto de las noticias sobre el exconcejal del PP Álvaro Gijón

En la jornada de este lunes también ha comparecido, a petición del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón, un perito que ha analizado el impacto de las informaciones negativas que fueron publicadas en su día en los medios de comunicación acerca del expolítico. En concreto, una testigo lo situó en bacanales supuestamente costeadas por el conocido empresario del ocio nocturno y un exmilitante del PP lo implicó en el presunto cobro de parte de un soborno millonario a cambio del amaño de un concurso público. La existencia de tales hechos nunca llegó a ser demostrada.

Según el perito, las informaciones analizadas sobre Gijón habrían llegado a más de 11 millones de personas. El testigo ha explicado que se han analizado más de medio millar de piezas informativas aparecidas en prensa, radio y televisión. Según el experto, si esos impactos se quisieran haber conseguido voluntariamente habrían costado 1,3 millones de euros.

Además, ha explicado que las noticias “positivas” publicadas a partir de no confirmarse la imputación en algunos casos y el sobreseimiento, en concreto, en el caso ORA, no produjeron ningún efecto favorable.