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La alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU anuncia nueva representante en Colombia
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció este miércoles que su actual representante en el país, Alberto Brunori, dejará su cargo el 15 de julio y en su reemplazo estará Juliette de Rivero a partir del primero de agosto.
Brunori, de nacionalidad italiana y quien según la ACNUDH asumirá nuevas funciones en otro destino, envió un mensaje a los colombianos y autoridades sobre la implementación del acuerdo de paz firmando en 2016 entre las FARC y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
“Confío en que según los lineamientos del Secretario General de la ONU (Antonio Guterres) continúe la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC”, manifestó Brunori, acreditado como representante de la ACNUDH en Colombia desde 2018.
También agradeció especialmente a “quienes defienden los derechos humanos y a las víctimas, por su trabajo valiente, firme y persistente por los derechos de todas las personas” y agregó que espera que “las víctimas de violaciones tengan derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición”.
Desde el 16 de julio, Guillermo Fernández-Maldonado, actual representante adjunto, asumirá como representante encargado hasta el 31 de julio, y a partir de esa fecha la Oficina en Colombia tendrá como nueva representante a De Rivero.
La ACNUDH también anunció que en los próximos días dará más detalles sobre la trayectoria profesional de De Rivero y su llegada a Colombia.
El Gobierno colombiano y la Misión de la ONU en el país protagonizaron recientemente momentos de tensión por discrepancias en torno a la visión del conflicto armado y la defensa de los derechos humanos que derivaron en críticas del Ejecutivo que llegó a acusar al organismo de “intromisión en la soberanía” tras la presentación del informe anual de la ACNUDH.
A pesar de los desacuerdos, más de 400 organizaciones sociales y 1.168 personas respaldaron al organismo y calificaron el informe presentado por Brunori como “oportuno, serio, riguroso y ajustado a la realidad que vive Colombia en materia de derechos humanos”.
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