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La muerte de una jueza del Supremo de EEUU desata una guerra política a mes y medio de las elecciones

Una personas coloca flores ante la Corte Suprema de los EE.UU. después de conocerse el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg, EFE/ Jim Lo Scalzo

Carlos Hernández-Echevarría

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El fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg a los 87 años representa mucho más que la muerte de una de las juristas más influyentes de la historia de EEUU. Implica, por encima de cualquier otra cosa, una enorme oportunidad política para los republicanos y el inicio de la que va a ser una de las peores guerras políticas de la historia reciente. 

La Corte Suprema de EEUU tiene muchísimo poder político, es la última instancia de las grandes batallas ideológicas. La segregación racial en las escuelas, por ejemplo, no acabó con una ley del Congreso sino con una sentencia del tribunal. Lo mismo que la legalización del aborto o el matrimonio igualitario. Todas esas decisiones históricas las tomaron los nueve jueces del Supremo, por eso para los dos grandes partidos hay pocas cosas más importantes que tratar de colocar juristas cercanos a su ideología en la corte.

A esos nueve jueces nadie les puede obligar a jubilarse, su nombramiento es de por vida salvo que cometan alguna irregularidad o pierdan la cabeza. Para un presidente la oportunidad de situar a un juez en el Supremo es el mejor regalo. En ocho años de mandato Bill Clinton o Barack Obama solo pudieron colocar dos jueces en la corte, pero para Trump este sería su tercero en solo cuatro años. Si logra reemplazar a la jueza Ginsburg, la Corte Suprema tendría 6 jueces nominados por presidentes republicanos por solo 3 nombrados por presidentes demócratas. La clave es: ¿podrá?

Guerra en el Senado

El presidente de EEUU siempre puede nominar a alguien para cubrir cualquier vacante, pero ese nombramiento tiene que aprobarlo el Senado y aquí empieza el lío: en 2016, un juez conservador del Supremo murió y los republicanos, que controlaban la cámara, se negaron siquiera a tramitar la propuesta que hizo Obama con el argumento de que “solo” quedaban ocho meses para las elecciones y había que escuchar a los votantes. Ahora queda mes y medio para las presidenciales, pero a los republicanos no les importa en absoluto. 

El mismo líder republicano que hace cuatro años bloqueó el proceso diciendo que “el pueblo americano debe tener voz en la selección de su nuevo juez del Supremo”, dice ahora que el Senado sí que votará la nominación que envíe Trump. Mitch McConnell controla el proceso porque los republicanos siguen teniendo la mayoría en la cámara, pero la guerra que se está fraguando va aún más allá: ¿se atreverán los republicanos a cambiar las reglas para esta confirmación por la vía rápida?

Con las normas actuales, los demócratas podrían bloquear este nombramiento permanentemente con una maniobra obstruccionista conocida como filibusterismo. Con solo 40 senadores, de los 100 que hay, se puede paralizar el proceso. Sin embargo, los propios demócratas ya cambiaron las normas del Senado en 2013 para eliminar el filibusterismo en la confirmación de todos los nombramientos presidenciales a excepción de los de la Corte Suprema. Ahora temen, y con razón, que los republicanos usen su mayoría para reformar de nuevo las normas e ir un paso más allá. 

La “opción nuclear” de Trump

La llamada “opción nuclear” es lo que Trump lleva pidiendo a los suyos desde hace mucho, pero eliminar el filibusterismo abre un camino peligroso. Por ejemplo, si Biden gana dentro de mes y medio y los demócratas controlan las dos cámaras del Congreso, nada les impediría legislar que la Corte Suprema tenga 19 jueces en vez de 9 y el nuevo presidente podría cubrir todas esas vacantes. El líder republicano Mitch McConnell se ha limitado a decir que el Senado “votará” la nominación de Trump, pero no ha avanzado nada sobre un cambio de reglas. Hasta ahora siempre se ha opuesto, pero va a recibir presiones enormes dentro de su partido. Él mismo se juega la reelección el mismo día que Trump y no le conviene en absoluto una pelea con el presidente que es más popular que él en su estado, Kentucky. 

Si McConnell decide forzar las normas y garantizar a Trump ese nombramiento antes de las elecciones, estará además poniendo en un brete muy serio a varios senadores moderados de su partido que tendrán que elegir entre enfrentarse al presidente o vérselas con un electorado muy enfadado por esta maniobra. Otra opción sería intentar confirmar el nombramiento del presidente, pero después de las elecciones: gane quien gane el 3 de noviembre, Trump seguirá siendo presidente hasta el 20 de enero y los republicanos seguirán controlando el Senado hasta fin de año, cuando tomen posesión los senadores electos.

Sea cual sea el camino elegido por los republicanos, se avecina un enorme conflicto que amenaza con sacudir los cimientos de la institución cuya misión es dar estabilidad al gobierno: el Senado. Lo que pase en los próximos meses determinará el futuro institucional de EEUU y la salud del sistema de “pesos y contrapesos” diseñado por los fundadores del país hace dos siglos y medios.

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