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Las torturas en una cárcel desatan una ola de ataques callejeros en un Estado de Brasil

Un agente armado vigila uno de los puestos de la prisión.

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La brutal intervención de la policía en una cárcel de Santa Catarina ha terminado por transformar a este Estado brasileño en un auténtico polvorín en llamas. Desde el 30 de enero se han registrado más de un centenar de ataques en las calles de unas 40 ciudades; en la mayoría de los casos, incendios de autobuses. Los empleados de los transportes públicos anunciaron la pasada semana su intención de no trabajar más allá de las 19.30 horas por temor a los incendiarios. Las clases nocturnas han sido suspendidas por los problemas de transporte.

El problema se originó el 18 de enero con una polémica intervención de la policía en el presidio de Joinville. El presidio recibió refuerzos policiales después de que se pusieran en marcha los protocolos previstos para afrontar intentos de fuga, motines u otra anormalidad grave. Tras el “peinado” de las celdas, unos 60 reclusos fueron conducidos hasta un pabellón donde se les obligó a permanecer desnudos y en cuclillas de cara a la pared. Todo esto aparece en la normas, pero lo que grabaron después las cámaras de seguridad de la sala fue mucho peor: una docena de policías disparó casi a quemarropa balas de goma contra los presos, además de emplear contra ellos spray pimienta y granadas aturdidoras. Un día después de difundirse las imágenes, Santa Catarina se transformó en un Estado de guerra.

Todas las investigaciones apuntan a que detrás de los ataques están las bandas criminales que quieren denunciar las situaciones de maltrato que se dan en las cárceles. Para confirmar esta hipótesis, Alexandre Graziotin, coordinador del Grupo de Combate del Crimen Organizado destaca la reciente incautación de un CD en el que un recluso de la prisión de São Pedro de Alcantara advierte de que si no se pone fin al maltrato “la bomba va a estallar”.

No es la primera vez que los presos llevan sus protestas más allá de los muros de la cárcel. El 7 de noviembre los reclusos divulgaron otras imágenes de malos tratos en la prisión. Pocos días después comenzó una ola similar de ataques que duró una semana. Antes una funcionaria de prisiones fue asesinada al llegar a su casa en un atentado cuyo blanco real era su esposo, director de una de las cárceles del Estado.

Detrás de estas acciones los investigadores ven la sombra de Primer Grupo Catarinense (PGC), banda criminal responsable del tráfico del tráfico de drogas en Santa Catarina. Esta organización ha asumido la estructura y modo de operar del Primer Comando de Capital que opera en São Paulo. Se calcula que unos 2.000 miembros del PGC están actualmente repartidos por los distintos presidios del Estado, desde donde mantienen el control del narcotráfico y el crimen organizado. Al frente de todo está Rodrigo Oliveira, más conocido como Rodrigo da Pedra.

Esta estructura paralela en el seno de las cárceles de Santa Catarina está operando además en medio del hacinamiento que caracteriza a las cárceles brasileñas. No en vano, el número de reclusos en este Estado se ha incrementado un 164% en los últimos diez años. De hecho, según el Consejo Nacional de Justicia, 14.510 presos se distribuyen actualmente en las 10.630 plazas penitenciarias existentes en el estado. Y los datos no están actualizados.

La pasada semana se reunieron con carácter de urgencia el gobernador de Santa Catalina, Raimundo Colombo, y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para buscar fórmulas de colaboración para atajar la situación. Por lo pronto, 350 soldados de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública llegaron el pasado viernes al Estado. Una de las prioridades del gobernador es la reubicación de presos peligrosos en cárceles federales ubicadas en otros estados de Brasil. El operativo se puso en marcha con el envío de los primeros 40 reclusos, la mayoría miembros del PGC, entre ellos el propio Roberto da Pedra.

Al mismo tiempo, una docena de policías implicados en los hechos de la cárcel de Joinville han sido cautelarmente apartados del servicio mientras se investiga lo sucedido. Además, el Gobierno federal ha anunciado futuras inversiones en el sistema de prisiones. La incógnita, en cualquier caso, está en saber si con estas medidas se podrá poner fin al caos en las calles. Por lo pronto, anoche en la localidad de Tubarão el vehículo de un policía fue incendiado por unos desconocidos.

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