Judith Prat

Estados Unidos —

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Son las tres de la madrugada de un día cualquiera de agosto en la ciudad de El Paso. Las calles del centro son un hervidero de jornaleros, contratistas y capataces. En cada esquina grupos de trabajadores esperan a que las furgonetas o autobuses de los ranchos los trasladen a las fincas en las que recogerán chile durante toda la jornada. Les aguarda un largo día de trabajo y duras condiciones laborales. Del ritmo apresurado que consigan mantener para llenar los botes y la calidad de la cosecha que va en ellos dependerá su salario, que fluctúa entre los 60 y los 100 dólares al día.

Lo que queda de tiempo y energía apenas alcanza para volver a casa, ducha, cena y a dormir para poder levantarse nuevamente a las 2 de la mañana.

Este fenómeno de migraciones y desplazamientos de los trabajadores del campo no es exclusivo de la frontera estadounidense. Existe un flujo internacional de mano de obra que ha venido a sumarse al de los productos y los capitales.

La protección de los derechos humanos de estos trabajadores, así como un marco de trabajo legal que garantice condiciones laborales y salarios dignos evidencian el nivel democrático del país receptor y sin duda favorecen la cohesión social, ya que contribuyen a erradicar la desigualdad y la discriminación.

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Publicado el
2 de agosto de 2020 - 20:23 h

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