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MADRID

La promotora de la Operación Canalejas, una "empresa amiga" que ayudó al PP cuando había elecciones

La constructora se ha visto beneficiada por las administraciones gobernadas por el PP en el desarrollo del macroproyecto de Canalejas, una manzana de lujo donde el metro cuadrado alcanza los 13.000 euros

El expresidente de OHL, Villar Mir, aparece como donante de la caja B y está imputado en los casos Púnica y Lezo

La Guarcia Civil sostiene que el exconsejero de OHL López Madrid apuntó en una agenda que la suya era una "empresa amiga" para recordárselo después a un alto cargo de la Comunidad de Madrid

Villar Mir niega que OHL haya dado dinero al PP, como afirma Bárcenas

Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL. EFE

La Operación Canalejas es el proyecto urbanístico estrella del centro de Madrid. Unirá varios edificios situados en la almendra de la capital, a escasos metros del Congreso de los Diputados, y reordenará el tráfico de vehículos, las aceras y modificará hasta las salidas de Metro. Desde que se proyectó, la constructora OHL, una de las promotoras del complejo, ha recibido facilidades por parte de las administraciones gobernadas por el PP de Madrid.

Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, y el PP han tenido siempre una relación muy estrecha que les ha llevado a coincidir incluso en los sumarios de los casos de corrupción más importantes de los últimos años. El empresario aparece como donante en los papeles de Bárcenas y los investigadores de Púnica afirman que aportó fondos para las elecciones de 2011. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil da por hecho que la constructora se presentaba como una "empresa amiga" del partido en "periodo electoral".

En el caso de Canalejas, OHL, una de las manzanas más codiciadas de la capital, donde el metro cuadrado de suelo ronda los 13.000 euros el metro cuadrado, se ha visto beneficiada por algunas decisiones tomadas por el PP desde las instituciones. Por ejemplo, rebajó la protección de dos de los edificios considerados como Bienes de Interés Cultural (BIC), que complicaba la ejecución de la ambiciosa obra. La Comunidad de Madrid modificó en tiempo récord esa declaración rebajando la protección. Gobernaba Ignacio González en la Puerta del Sol. 

El Ayuntamiento de Madrid que presidía Ana Botella, modificó el Plan General de Ordenación Urbana para permitir más edificabilidad y adaptar la protección municipal a los cambios hechos por la Comunidad de Madrid. Ahora, tras retrasos y decisiones judiciales sobre la protección del patrimonio, las obras han inutilizado un tramo de la línea 2 de Metro sin que la Comunidad de Madrid haya tomado ninguna decisión contra la constructora.

Villar Mir, donante del PP según los papeles de Bárcenas

La buena relación entre el PP y OHL aparece nítidamente reflejada en varias investigaciones judiciales. Por ejemplo, la de la caja B del PP. El nombre de Villar Mir apareció entre las anotaciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en las que detallaba quienes aportaban dinero a la caja B del Partido.

Los pagos anotados a nombre de Villar Mir sobrepasan el medio millón de euros en tres apuntes. Varias coinciden en el calendario con adjudicaciones públicas a OHL. Fue Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, quien vinculó esas donaciones con los contratos públicos para la constructora: afirmó durante el juicio que tanto OHL como ACS pagaban comisiones al PP a cambio de que el Gobierno de José María Aznar les adjudicase obra pública.

Otros sumarios que indagan sobre la corrupción de la capital, Villar Mir también pagó comisiones al PP de Madrid. Hace un año, el juez de Púnica le imputó ocho delitos por su presunta participación en el amaño de las obras de ampliación de Metro de Madrid. Según el auto, Francisco Granados desarrolló "tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones".

El juez Manuel García Castellón incluyó que el Grupo Villar Mir, a través de su consejero Javier López Madrid, colaboró en esa maniobra aportando una empresa filial a un concurso amañado. En ese mismo auto el magistrado recuerda que la empresa de Villar Mir resultó adjudicataria de contratos de empresas públicas madrileñas implicadas en casos de corrupción. Al mismo tiempo, OHL aparecía también como uno de los donantes del PP de Madrid.

Aportaciones a la caja B del PP de Madrid

Esa afirmación del juez, que surgía de la agenda incautada a Granados, la ha confirmado la Unidad Central Operativa (UCO) hace tan solo unos días en un informe sobre cómo el PP de Madrid pagó con facturas falsas y fondos de su caja B parte de los actos de la campaña de 2011 que llevó a Mariano Rajoy al poder.

Ese informe, de 131 páginas, afirma que el PP regional presidido entonces por Esperanza Aguirre declaró solo la mitad de lo que se gastó en esos actos electorales. Ante el Tribunal de Cuentas el partido declaró que había gastado unos tres millones de euros cuando en realidad era el doble. La otra parte se logró gracias, entre otras empresas, a las donaciones de OHL.

Los atestados de la Guardia Civil sostienen que el grupo de Villar Mir aportó en total 800.000 euros a través de López Madrid. Ese prolijo informe de la UCO menciona uno de los capítulos que mejor explica la relación entre OHL y el PP de Madrid: el tren de Navalcarnero.

Ese ferrocarril conecta los casos Púnica y Lezo con Ignacio González como protagonista. El expresidente de Madrid ingresó en prisión preventiva, entre otras cosas, por el presunto cobro de una comisión de 1,4 millones de euros para adjudicar en 2007 a OHL la construcción del tren que uniría Navalcarnero y Móstoles. Villar Mir lo negó cuando le tocó comparecer ante el juez.

La constructora dejó el proyecto a medio construir en 2011 e inició una batalla judicial con la Comunidad de Madrid en la que ambas partes reclamaban una compensación por el fracaso de la obra, licitada por 364 millones de euros. En ese contexto sitúan los investigadores de Púnica los apuntes encontrados en la agenda de López Madrid, donde anotaba "ideas y reflexiones personales sobre múltiples cuestiones relacionadas con las empresas para las que trabaja".

El informe de la Guardia Civil concluye que en 2001, año de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, OHL intentaba llegar a un acuerdo con los representantes del Gobierno regional "con la finalidad de no continuar con la ejecución del contrato de la línea ferroviaria de Móstoles-Navalcarnero y de minimizar las posibles consecuencias de ello".

Una "empresa amiga"

En la agenda de López Madrid hay anotaciones sobre los hitos del proyecto, cuando se inician las obras, cuando se paran y las alternativas que se presentan para OHL. El empresario mantuvo en 2011 varias reuniones con cargos públicos de la Comunidad de Madrid, entre los que estaban el entonces consejero de Transportes Ignacio Echeverría.

Los investigadores creen que en el contexto de esas negociaciones López Madrid hizo algunas anotaciones en su agenda que reflejan "las intenciones veladas del autor". Hizo apuntes como "período electoral", "empresa amiga" y "luz y taquígrafos". La UCO cree que López Madrid quería "auto-recordarse" esos conceptos para hacerlos valer en la negociación: "que OHL es una "empresa amiga" de la formación política que ocupaba el gobierno de la Comunidad de Madrid de donde dependen los cargos públicos con los que se negociaba, es decir, del Partido Popular de Madrid, y que OHL, es una "empresa amiga" durante el 'período electoral'".

El informe relaciona esas anotaciones y encuentros con los apuntes de la agenda de Granados, en la que presuntamente reflejaba las entradas de dinero entregado por López Madrid "que tendrían como destinatario final al por entonces gerente del Partido Popular de Madrid", y que este utilizó para las elecciones de 2011.

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