El 1% de Aguirre: dinero público para autobombo que acabó pagando campañas del PP
Todos los contratos y licitaciones de las consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid incluyeron una cláusula entre 2007 y 2013 que hoy investiga la Audiencia Nacional en el marco de la trama Púnica: los adjudicatarios debían destinar el 1% del presupuesto de la obra pública a actos de publicidad. Ese dinero que en principio debía destinarse al autobombo y que motivó las protestas de la oposición en plena crisis económica, terminó financiando actos electorales del PP de Esperanza Aguirre o directamente en los bolsillos de dirigentes del partido.
La cláusula era pública, figuraba en los pliegos de concurso, pero su finalidad aparente (que las empresas sufragasen la propaganda para dar a conocer las obras que ejecutaban) quedó desvirtuada.
Los informes de la Guardia Civil sobre los que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción para pedir la imputación de la histórica expresidenta madrileña recuerdan que el Gobierno de Aguirre cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que se usaban para hacer circular las donaciones de las empresas hacia la caja B del PP. En el sumario de Púnica abundan los indicios en ese sentido, entre ellas, la declaración de algunos empresarios que admitieron los pagos en negro al partido.
“El desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el pliego. Esto producía un perjuicio a las arcas públicas, al verse minorados sus fondos en ese 1%”, recoge el último auto del magistrado Manuel García Castellón del 2 de septiembre, el mismo día que Aguirre fue imputada.
Según el magistrado, “dichas empresas, que solían ser grandes constructoras, no contrataban la publicidad de su obra, se limitaban a atender las órdenes de pago de las facturas emitidas por las mercantiles del investigado Horacio Mercado, que les eran remitidas desde la Consejería implicada. Muchas de ellas con publicidad que no se realizó”, añadió el magistrado.
Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo. Un ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias imputado en el caso Púnica, Germán Rasilla, confirmó ante el instructor del caso Púnica que las órdenes llegaban de Presidencia. Al frente de la Comunidad estaba Esperanza Aguirre, quien ejerció un control total sobre la adjudicación de los contratos de publicidad y medios de las distintas consejerías, aseguraron a eldiario.es fuentes presentes en la declaración judicial.
El negocio de la construcción de hospitales y centros de salud fue uno de los sectores clave para alimentar esa maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012). García Castellón cuantificó el desfalco por estas obras en 3,07 millones de euros. Según el mismo auto del pasado septiembre, la investigación se encontraba todavía en una fase preliminar en el caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de carreteras. “Se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes”, recoge el escrito judicial.
Gracias a una pregunta parlamentaria de la diputada de Unidas Podemos-IU a la Mesa de la Asamblea Sol Sánchez, han aflorado 167 nuevos contratos en los que la Comunidad de Madrid incluyó la llamada 'cláusula del 1%', como adelantó la Cadena Ser. En esa larga lista, se comprueba cómo este mecanismo se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no: la cláusula aparece en adjudicaciones de limpieza y de renting de vehículos. También lo demuestra un documento al que tuvo acceso eldiario.es en el que se incluyó además en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos.
Tal y como publicó eldiario.es el pasado 23 de septiembre, funcionarios de la Consejería de Transportes, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación. A principios de 2013, estos trabajadores públicos enviaron dos cartas denunciando los “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente, mantuvieron una reunión con su número dos, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Todas aquellas alertas fueron ignoradas, y negadas, aunque a los pocos meses la cláusula desapareció de los contratos.
“A mí se me dijo por los pasillos que en 2007 el consejero Manuel Lamela llegó desde la Puerta del Sol con instrucciones de incluir esa cláusula en todos los contratos, que además la traía escrita. Por eso está igual redactada los proyectos de Transportes y en los de Sanidad”, explicó Francisco Barrueco, funcionario que denunció esta práctica en 2013, en una entrevista en eldiario.es. “Que la redacción de la cláusula fuese la misma demuestra que la instrucción venía de arriba”, añadió. Barrueco declarará ante el juez de Púnica el próximo 21 de enero para explicar su reunión con Carabante.
Las facturas
En poder de eldiario.es figura una factura de Traci Comunicación, por la que la empresa de Horacio Mercado cobró 50.665 euros. El concepto era “campaña de vialidad invernal 2009-2010 en las estaciones de servicios en los meses de diciembre 09 y enero 10”. El concepto no tenía nada que ver con publicitar una obra, pero es que además la Comunidad de Madrid bordeó la ley de contratación pública vigente en 2010 (Ley 30/2007) que establecía para los contratos de servicios -los de publicidad también lo son- que los de más de 18.000 euros debían ser sometidos a concurso público.
Hay otros ejemplos. En el mismo escrito judicial de García Castellón, se detalla una campaña de comunicación de seguridad vial en las carreteras regionales para motoristas, una serie de anuncios institucionales, que no debería haberse costeado con los fondos de las obras públicas. En otro albarán, también en poder de eldiario.es, sucede lo mismo. La factura tiene como concepto: “Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206” por un importe de 17.473 euros. La empresa que cobró dicha factura fue O3 comunicación visual y márketing.
La inclusión de esta cláusula en los contratos ha sido uno de los aspectos por los que las fiscales más han preguntado a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa. La ronda de interrogatorios la cerró Aguirre el pasado 18 de octubre, aunque la expresidenta regional aseguró desconocer su existencia, mientras que el exvicepresidente Ignacio González descargó toda responsabilidad sobre el que fuera consejero de Sanidad Manuel Lamela, del que dijo que fue “idea” suya.
A menos de seis meses para que el juez tenga que concluir la instrucción, el próximo 6 de junio, la Audiencia Nacional sigue recabando pruebas y exigió hace más de tres meses al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que remitiera documentación clave sobre contratos de 34 hospitales y centros de salud y 16 carreteras. La colaboración por parte del Gobierno regional está siendo limitada y hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción reclamó más datos de los expedientes remitidos.
