La Audiencia Provincial descarta que haya delito en la venta de viviendas públicas impulsada por Ignacio González
Las operaciones de venta de vivienda pública que impulsaron los gobiernos del PP en Madrid en el año 2013 siguen embrolladas en los tribunales con sentencias y autos que emanan de diferentes vías. En solo 24 horas, la enajenación de 32 promociones del IVIMA, empujada por la Comunidad de Madrid, se ha declarado ilegal por lo contencioso-administrativo y se ha archivado por lo penal.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado, en un auto fechado en 3 de junio, que no hubo delito en esta actuación. Ni de malversación, ni de fraude ni de prevaricación, según los magistrados. “No resultan debidamente acreditadas las infracciones penales”, dice el pronunciamiento, al que ha tenido acceso eldiario.es. La Sección Tercera confirma así la decisión de archivar la causa comunicada por el Juzgado de Instrucción número 48 el pasado mes de enero. En su auto, sin embargo, reitera lo que ya subrayó el estamento judicial inferior: que los indicios de delito no son suficientemente sólidos aunque “el procedimiento administrativo adolece de irregularidades”.
Esto explica que la causa siga adelante por la vía de lo contencioso-administrativo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló este martes que la operación no había cumplido con un requisito fundamental exigido por ley: justificar que las viviendas vendidas ya no eran necesarias para su fin, atender las necesidades habitacionales de la población sin posibles para alquilar un piso a precio de mercado.
La sentencia del TSJM confirma un fallo histórico de un juzgado de lo contencioso-administrativo que decretó por primera vez la anulación de las resoluciones que permitieron la operación. Con esta nueva sentencia, la justicia marca el camino hacia la reversión de la actuación para que las viviendas vuelvan a formar parte de la cartera pública del IVIMA.
En la espiral de sentencias y autos que caen a cuentagotas sobre estas operaciones, bajo el foco de la justicia desde 2014, hay otra contradicción. Mientras los jueces no aprecian delito en la venta del IVIMA, los magistrados de otra sección de la misma Audiencia Provincial sí detectan posibles responsabilidades penales en una actuación paralela y calcada en procedimiento pilotada por la excalcaldesa Ana Botella para traspasar 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone.
El auto es de la semana pasada y empuja la causa a la fase final: la que sentará en el banquillo a los acusados por la operación. Entre los encausados no estará Ana Botella, pese a que el Tribunal de Cuentas la condenó en diciembre por perjuicio económico a las arcas públicas.
