El Ayuntamiento de Madrid obligará a los edificios nuevos a tener paneles solares aunque no ofrece ayudas para instalarlos

El Ayuntamiento de Madrid ha dado el primer paso para aprobar la nueva Ordenanza de Calidad del Aire tras 30 años con una normativa en vigor que se ha quedado obsoleta. El proyecto pretende reducir las emisiones contaminantes procedentes de fuentes diferentes al tráfico rodado. Tras este primer trámite, prevé aprobarse en el Pleno de finales de enero, según ha desgranado el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció las novedades más importantes de la normativa en marzo en su carrera por convencer a Bruselas de que su estrategia Madrid 360 era buena. Entonces, el Ayuntamiento pretendía recortar Madrid Central para permitir la entrada de más coches a la zona de bajas emisiones.

La nueva ordenanza obliga a los edificios de nueva construcción a contar con un mínimo de superficie dedicada a paneles solares y puntos de recarga eléctrica, prohíbe las calderas de carbón residuales que quedan en la ciudad a partir de 2022, permite a la Policía Municipal y a los Agentes de Movilidad inmovilizar vehículos que estén expulsando mucho humo por el tubo de escape y forzarles a pasar una ITV, y exige a los macroeventos de más de 5.000 personas que compensen el daño ambiental que provocan, entre otras novedades. Las sanciones por incumplir estas medidas pueden llegar a los 3.000 euros en los casos más graves.

En la capital quedan 200 calderas de carbón, según los datos aportados por Carabante, y ya hay ayudas en marcha por valor de 12,5 millones de euros para sustituirlas a lo largo del próximo año. La medida ya figuraba en el Plan A de calidad del aire de Manuela Carmena aunque no contaba con un plazo temporal concreto y está incluida en Madrid 360. También las comunidades de vecinos afrontarán, en el caso de nuevos edificios, la obligación de instalar paneles solares para fomentar el uso de energías renovables y la eficiencia energética. El proyecto contempla que deben ocupar como mínimo el 50% del uso de superficie de parcela. El Ayuntamiento no proporcionará ayudas específicas para esta medida, aunque contempla exenciones fiscales en el pago de impuestos a particulares, comunidades o empresas que utilicen energías renovables, según confirman fuentes del área de Medio Ambiente. Los nuevos edificios tendrán que estar dotados también con puntos de recarga eléctrica.

La ordenanza solo contiene una medida relativa al tráfico rodado –estas cuestiones se regulan en la normativa de Movilidad Sostenible– para evitar que los coches lancen humos excesivos por el tubo de escape. Los agentes de movilidad y Policía Municipal, una vez entre en vigor la ordenanza, podrán parar a los conductores cuyos vehículos se perciban en esta situación e incluso inmovilizarlos si impiden la visibilidad o registran niveles muy altos de expulsión.

Esta posibilidad ya estaba contemplada en la ordenanza en vigor, la de 1985, pero Ayuntamiento justifica que ahora se le da “cobertura jurídica”. Todos los conductores tendrán que pasar obligatoriamente la ITV en un plazo de entre 6 meses y un año. Si no se cumple, serán sancionados. El proyecto de ordenanza establece una escala de multas que oscilan entre los 750, en los casos más leves, y los 3.000 euros. “No se trata de un régimen con vocación sancionadora sino correctora. Habrá un régimen de arbitraje”, ha avanzado Carabante.

El Ayuntamiento también pretende que los promotores de macroeventos se conciencien “sobre el impacto de estas actividades sobre el medio ambiente”. Para ello exigirá a las convocatorias de más de 5.000 personas un plan de sostenibilidad que marque cuál es su impacto y proponga medidas para reducirlo, como planes de reciclaje o alternativas de movilidad sostenible. Todos tendrán que cuantificar la huella de carbono que provocan y establecer medidas correctoras del daño provocado, como la plantación de árboles.

El proyecto, tras salvar el primer trámite, estará durante el próximo mes en periodo de información pública, abierto a alegaciones. Después volverá a pasar por la Junta de Gobierno y se votará en el Pleno, donde debe ser aprobado por mayoría. La actual ordenanza fue aprobada en 1985 y solo ha sido modificada en dos ocasiones, en 1990 y 2002.