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El Defensor del Pueblo alertó al gobierno de Madrid hace tres años de las malas condiciones del centro de menores de Hortaleza

Vista exterior del Centro de Primera Acogida Hortaleza / Europa Press

Raquel Ejerique

Cuando los trabajadores del Defensor del Pueblo (un organismo independiente estatal) acudieron en 2016 a visitar el centro de menores de Hortaleza, en Madrid, vieron deficiencias suficientes para, a su vuelta, abrir una queja de oficio. El Defensor trata quejas de los ciudadanos, pero ante la situación que vieron en este caso fue la propia institución la que decidió abrir un expediente y entablar un “diálogo” con la Comunidad de Madrid para pedirle información, hacer recomendaciones y vigilar que se cumplían, informan fuentes del organismo.

Ese peloteo ha durado hasta hoy y no siempre el gobierno de la Comunidad ha colaborado y aportado todo lo que se pedía. La última comunicación, del Defensor al gobierno autonómico, fue el pasado 21 de junio (aún no estaba formado el actual ejecutivo PP-Ciudadanos), cuando estableció dos quejas muy claras: hay demasiados chicos y por tanto la atención no puede ser buena y además están demasiado tiempo internos, teniendo en cuenta que está previsto como centro de primera acogida. Este centro es el mismo en el que se lanzó el pasado miércoles una granada.

El pasado 26 de noviembre, la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, contestó a todos esos peros que recibieron por escrito y que se arrastran desde hace tres años. El contenido de la respuesta todavía no se ha hecho público, pero fuentes de la Consejería admiten que “hay que mejorar la situación de Hortaleza”. “Aunque vamos poco a poco, a mediados de diciembre tendremos listas 12 plazas en un centro nuevo de la Comunidad de Madrid”, aseguran.

Las principales consideraciones que hace el Defensor del Pueblo en su última carta al consejero (cuando se envió, la líder del departamento era María Dolores Moreno, del PP) se refieren a la atención y condiciones de vida de estos menores. Por una parte, aunque admite que en Hortaleza las plazas han pasado de 35 a 52 (y en su centro anejo, el Isabel Clara Eugenia, de 47 a 93), le pregunta dónde han puesto esas camas extra. Si se han ocupado lugares comunes o qué espacios se han quitado para convertirlos en dormitorios. Desde la Consejería responden a eldiario.es que se ganaron plazas poniendo literas.

El aumento de menores sin que los recursos hayan aumentado o siendo precarios -incluso se recogen denuncias de trabajadores a los que se contrata por seis meses- impide “que se desarrolle la labor socioeducativa, limitándose la actuación de los educadores a la mera organización del funcionamiento del centro”, concluye el Defensor, poniendo como prueba otra visita que hizo en 2018 y el testimonio de “subdirectores y trabajadores”, que añaden que “durante los últimos meses no ha sido posible realizar estudios exhaustivos sobre los menores a ningún nivel debido a la situación de sobreocupación del centro”.

Dudas sobre su escolarización

Además, el organismo estatal pide evidencias de escolarización de los menores y presenta una duda concreta: qué ha pasado con los chicos que iban a un colegio y ahora están en el centro. ¿Siguen yendo a ese colegio? El anterior gobierno les contestó que sí “como norma”, pero no ha aportado los datos que se han pedido desde 2016.

Si la primera recomendación es bajar la ocupación de Hortaleza, la segunda es recortar el tiempo de estancia, ya que se supone que es un recurso temporal y los empleados del Defensor del Pueblo han encontrado menores con estancias de 320 días en 2018 (en 2016 solo hallaron el caso de un menor que había cumplido cien días en el centro). Es decir, la situación de cronificación ha empeorado sin que se atienda al imperativo legal de “promover la reincorporación familiar o la búsqueda de alternativas”. El plazo de 320 días en un centro temporal “no resulta admisible”, continúa el informe, que recomienda que el tiempo de acogida “no supere los tres meses”.

El Defensor hace también mención a la denuncia por agresiones de 2017 de un interno y a otras agresiones sufridas por el personal, “de las que se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación”. “Interesa conocer el procedimiento interno de investigación y esclarecimiento de las agresiones, junto a las medidas de prevención que se adoptan en el centro”, además de otras once peticiones de información que se incluyen, algunas de las cuales llevan años sin ser del todo aclaradas.

Fuentes del Defensor del Pueblo señalan que están analizando la respuesta recién enviada por Consejería de Políticas Sociales en noviembre y, según el contenido, “se pedirá más información, se harán nuevas recomendaciones, se hará otra visita al centro o se cerrará la queja” en caso de que los fallos hayan sido subsanados, algo que es prácticamente imposible, ya que la propia Consejería admite que “la situación de Hortaleza hay que arreglarla, pero no se puede de un día para otro”.

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