Cuatro médicos se enfrentan a un año de cárcel por cobrar pruebas que hacían en un hospital público a pacientes privados
Cuatro sanitarios del hospital Gregorio Marañón de Madrid, tres en activo y uno ya jubilado, esperan fecha de juicio tras cuatro años de investigación judicial. La Fiscalía pide para ellos un año de prisión por malversación de caudales públicos por utilizar el centro público para hacer pruebas “económicamente muy costosas” a pacientes que atendían en consultas privadas en otros hospitales. Luego, según el escrito del Ministerio Público, “remitían las facturas a los pacientes o las empresas aseguradoras cuando en realidad el coste iba a parar a las arcas públicas”.
Los tres médicos y el técnico de laboratorio acusados actuaban a plena luz del día y delante del resto de compañeros. Las pruebas se realizaron durante más de tres años en los laboratorios del hospital y consistían en “biopsias y citologías destinadas al diagnóstico de casos relativos a tumores malignos o a la reacción de los tejidos de determinados anticuerpos”. Según la Fiscalía, entre enero de 2012 y marzo de 2015 “los acusados procesaron 1.701 técnicas correspondientes a pacientes de la Clínica Nuestra Señora del Rosario y otras 1.069 del Hospital San Rafael”. El conjunto de todas ellas supusieron un desembolso para la sanidad pública de 62.474 euros.
Según el relato de la Fiscalía, la forma de proceder estaba perfectamente estudiada para que todo quedara en manos de los cuatro acusados, sin pasar por otros trabajadores. El responsable del servicio de anatomía patológica del hospital, ya jubilado, y otro facultativo fallecido “prescribían la práctica de muestras de pacientes” del hospital San Rafael, donde también trabajaba, y de la clínica Nuestra Señora del Rosario. Las muestras “eran trasladadas al laboratorio de inmunohistoquímica” por otras dos médicas patólogas involucradas que pasaban consulta también en Nuestra Señora del Rosario. Por último, el técnico de laboratorio “llevaba a cabo los análisis o se lo ordenaba al personal auxiliar”. Esta persona, según la Fiscalía, trabajaba a su vez para el jefe del servicio en un instituto privado de anatomía patológica.
“Las pruebas suponen un uso indebido de los servicios públicos porque se realizaban sin coste alguno para las clínicas privadas donde los acusados desarrollaban su actividad profesional y un alto coste para las arcas públicas”, dice la Fiscalía, que subraya en su escrito de acusación que “los resultados se remitían a las clínicas privadas siendo facturada a los pacientes o a las compañías aseguradoras sanitarias”.
En marzo de 2015, Comisiones Obreras denunció ante la Fiscalía las “prácticas irregulares” en el departamento de Anatomía Patológica del citado hospital al realizar pruebas diagnósticas de clínicas privadas.
A raíz de esta denuncia, el hospital abrió un proceso de investigación por presuntas irregularidades en el Servicio de Anatomía Patológica y solicitó la comparecencia de diversos profesionales sanitarios de dicho servicio, que negaron tener conocimiento de las presuntas irregularidades denunciadas. No obstante, después de que el centro sanitario no encontrase indicios de irregularidad, remitió la denuncia a la Inspección Sanitaria. Y finalmente la Consejería abrió expediente a 6 médicos y 2 técnicos del servicio.
