Tras seis o siete años en los que la polémica sobre el proyecto de nuevo puerto en El Gorguel se había diluido gracias a la desaparición de Adrián Viudes, el “inventor”, y de la relativa discreción de sus sucesores, reconducidos a la prudencia por varios motivos de peso (de carácter esencialmente ambiental), hete aquí que resurgen los imaginarios contenedores fantasma y el fantástico puerto necesario, de la mano de Yolanda Muñoz, la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).
Muchos creíamos que ese proyecto ya había sido asumido como absurdo e inviable por los principales implicados, pero de nuevo nos hemos de enfrentar, como serpiente de entretiempo, a la misma cantinela de un “proyecto histórico”, una “palanca del desarrollo regional”, un “referente entre los puertos europeos”, etc.
La nueva promotora, que me atrevo a describir como burócrata desarrollista tras echar un vistazo a sus labores político-administrativas, seguramente debe venir precedida por cierta fama de “eficaz y competente” por su trabajo en el ámbito de las infraestructuras del Gobierno autonómico, pero no parece reparar en que el asunto en el que se implica la puede transformar en todo lo contrario.
Para lo cual, a más de recordarnos esa justificación que, en definitiva, inventa necesidades, es decir, pone el carro delante de los bueyes y se alinea con políticas de oferta en una situación de crisis planetaria en la que nada va a discurrir por ese marco ideológico, hace como que no conoce ni a sus compas del clan dirigente ni a nuestra historia regional reciente.
Sólo una pincelada para aguar los criterios de “necesidad” u “oportunidad” del nuevo puerto: entre Tánger y Barcelona, los dos grandes puertos del Mediterráneo más occidental, el de Valencia no tiene competidor, debido a numerosas circunstancias, de entre las que destaca su proximidad a Madrid. Los excesos de sus actuales directivos, no obstante, los enfrentan en una enconada polémica con la opinión pública, los ecologistas y hasta con el alcalde, tanto por sus pretensiones destructivas sobre los espacios de huerta en La Punta como por proyectar un nuevo espigón y una extensa área para contenedores, letales para el frágil litoral de la Albufera: no creo que se salgan con la suya.
Sin tomar buena cuenta de ninguna de estas notas –potencial sin comparación más conflicto social e impacto ecológico–, la APC retoma el proyecto sin reparar en la acumulación abrumadora de locuras y necedades de las últimas décadas en esta región escandalosa, dispuesta a añadir otro fracaso que, en el caso –muy hipotético– de iniciarse, seguramente se añadiría a esa cadena de abusos hacia los caudales públicos: desaladora de Escombreras, aeropuerto de Corvera, autopista Cartagena-Vera… que son los hitos que dan 'personalidad' a esta Administración regional manirrota, irresponsable y –¡ay!– casi impune. Resulta curiosa esa atracción fatal hacia el charco y el marrón, pasmosa patología de nuestra tribu dominante.
Es de lamentar que, habiendo sido nombrada para el cargo una mujer (supongo que la primera en la historia de nuestro histórico puerto), en lugar del sentido ecónomo, realista y matizado esperable del genio femenino, nos encontremos con una proclama de tonterías propias del más abominable estilo masculino… hasta el punto de hacer pensar que doña Yolanda parece dispuesta a lograr lo que ningún presidente masculino anterior ha logrado, y esto resulta un enunciado (digamos desolador) de feminismo atroz.
Cuenta, aparentemente, en la postura de la presidenta la confianza en “resolver el problema ambiental” del proyecto, planteado desde sus meros inicios con aquella bella anécdota en la que Viudes (entonces al mando de la APC como reyezuelo poco tratable) se atrevió a denostar al camachuelo trompetero, esa rara especie ornítica que algunos ecologistas oponían como –casi– merecedora de la caída del proyecto; yo le advertí que menospreciar a tan valiosa criaturilla daba mal fario (y así se lo recordé cuando tuvo que abandonar el puesto, en condiciones más bien penosas).
Me da que la presidenta de la APC anda floja en sensibilidad ecológica, quizás rondando el cero, y que no está acostumbrada a refrenarse ante requisitos de índole ambiental: peor para ella (que no se diga que no se lo he advertido). Pero es verdad que el proyecto del Gorguel merece el rechazo más contundente no por su impacto ambiental sino por desafiar algo más previo y excluyente: su necesidad social y, con ello, su impacto financiero, la viabilidad funcional y los temores fundados –estamos en Murcia, vuelvo a subrayarlo, una tierra de insensatos en el poder y depredadores en lo público– de que se nos barrunte otro desfalco de dimensiones trágicas.
Lo que no implica que la evaluación de impacto ambiental del proyecto (EIA) haya que minusvalorarla, ni mucho menos: entre otras razones porque es decisiva, por imperativa y excluyente. Lo que sí merece comentario es que se haya anunciado que esta EIA la va a realizar el Instituto Español de Oceanografía (IEO), presumiblemente, con sus científicos del centro de Lo Pagán. Al IEO hay que señalarle, muy amistosamente, que incluso cuando se pide el análisis del aspecto ambiental, que es parcial (aunque es verdad que decisivo) en el conjunto de un gran proyecto, sus redactores e investigadores deben atender, antes y por encima de cualquier atención especializada, la envoltura general, renunciando a ignorar el problema en su globalidad y a desentenderse de los intereses generales de la sociedad.
Bastante tiene ya el IEO en tener que afrontar su papel en la crisis ambiental del Mar Menor (durante la cual, y por decenios, ha estado más bien ciego, mudo e incluso sordo), como para que ahora se vea envuelto en un conflictivo encargo del que puede salir más escaldado todavía. Yo, de ser el director del IEO declinaría educadamente la propuesta de realización de la EIA, por más que, si la financia la APC, suponga unos generosos caudales que alivien sus siempre magros presupuestos ordinarios.
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