Desde hace varios años se está produciendo un aumento imparable y una proliferación, que llamaría caótica, de terrazas en ciudades de nuestra región como Murcia, Cartagena y Lorca. El crecimiento desmesurado de estas infraestructuras hosteleras supone, en la práctica, la ocupación de suelo urbano público para uso y beneficio privado. Este modelo de ocupación del espacio público se convierte en un ejemplo privatización de beneficios y socialización de costes.
En la ciudad de Murcia, ante la pasividad, de la administración local, la situación en la ocupación de zonas urbanas, que son de todos, se está volviendo insostenible e inmanejable, como puede ser el caso de la Plaza de las Flores, Plaza de Santa Catalina, Plaza Cetina, Plaza Cristo del Rescate Plaza de la Universidad y Plaza de Santo Domingo, por citar solamente algunos ejemplos. Es significativo también que el número de terrazas puede aumentar con la semipeatonalización de la zona de Alfonso X el Sabio si no hay un control estricto y restrictivo de la ocupación del espacio público por este tipo de infraestructuras hosteleras.
Este espacio público urbano, especialmente los cascos históricos, se convierten en un recurso con una elevada rentabilidad y por ello explotado de manera intensiva. La demanda de terrazas ha tenido un fuerte aumento mucho mayor que los locales interiores, porque los coste fijos son reducidos. Es mucho más beneficioso instalar un pequeño local en un edificio si se sabe que se puede ocupar de una manera casi permanente la plaza o la calle con la terraza.
Las tasas municipales suponen un menor coste por metro cuadrado que el alquiler de un local, unido a un mobiliario barato, en muchas ocasiones, suministrado por marcas de bebidas, y un mantenimiento del espacio prácticamente nulo, no se puede comparar con la inversión que requiere la apertura y adecuación de un local interior.
La alta rentabilidad implica también que las sanciones por exceso de ocupación no sirvan como elemento de disuasión. Se contribuye también indirectamente a un proceso de gentrificación del casco histórico de la ciudad, donde progresivamente se va eliminando su carácter residencial por el aumento imparable del precio de las viviendas y alquileres y la sustitución del comercio tradicional de proximidad. El aumento del número, la extensión y el perímetro de las terrazas y sus infraestructuras complementarias; con la ocupación desmesurada y descontrolada del espacio público para uso y lucro privado ya ha provocado un aumento de los impactos medioambientales y vecinales.
Cada vez más se necesitan medidas efectivas que hagan compatible el número y perímetro de terrazas con la función pública del espacio urbano para uso y disfrute de toda la ciudadanía. El establecimiento indiscriminado de terrazas en plazas y calles de Murcia genera un aumento del ruido de fondo y una mayor contaminación acústica. Producen un mayor volumen de residuos, vertidos y basuras en general y aumenta la contaminación atmosférica y odorífera local.
Las terrazas tienen un efecto barrera para la movilidad peatonal e imposibilitan o dificultan enormemente a las personas discapacitadas o con problemas de movilidad. El aumento desmesurado y si control de las terrazas causa conflictos entre la población residente y los consumidores/ usuarios de las terrazas, especialmente en horario nocturno. Muchas de ellas, vulneran la normativa de accesibilidad y dificultan la entrada de vecinos a sus viviendas y, además, provocan una barrera visual para los monumentos y edificios singulares del paisaje urbano, especialmente en nuestro casco histórico. Pero lo más significativo es que restringen otros usos y disfrute de calles y plazas para todos nosotros. Tampoco podemos poner en un falso equilibrio los intereses económicos de un sector determinado con los derechos básicos de la ciudadanía.
Es necesario otro modelo de uso y ocupación de lo urbano que supedite las terrazas al uso común general del espacio público, a la movilidad peatonal de una manera segura, cómoda y fluida. Hay que desarrollar una propuesta de espacio público urbano destinado a evitar la contaminación acústica, la preservación del arbolado y la vegetación urbana, así como la garantía práctica y real del funcionamiento y acceso sin barreras de los servicios públicos de emergencia. En definitiva, una ciudad vivible, amable y habitable, implica volver a dimensionar la ocupación de las terrazas y hacerla compatible con los diferentes usos del espacio público urbano.
