Recuerdo, hace décadas, ir con mi padre a La Manga y ver un ecosistema casi sin alterar con las dunas que se extendían hacia el horizonte. Hoy la imagen del paisaje es otro, una larga carretera rellenada de edificios a uno y otro lado sin solución de continuidad. Hace poco, pese a la oposición de vecinos y ecologistas, la Cala del Pino, la única zona boscosa virgen que queda en La Manga, va ser urbanizada ante la sumisa impotencia del área de Urbanismo de Cartagena y de la alcaldesa, experta en no asumir sus competencias y trasladar a otros ámbitos sus responsabilidades en materia urbanística. El consistorio dice que a la vivienda proyectada no se le aplica la Ley del Mar Menor, ya que los trámites se iniciaron antes de aprobar la norma.
Sin embargo, las administraciones local y autonómica poseen las competencias exclusivas en el tema y tendrían que actuar para frenar la vuelta del ladrillo al Mar Menor. Tienen un papel decisivo para evitar la transformación urbanística en un continuo urbano del escaso espacio que queda libre en el litoral de la laguna. La construcción en la Cala del Pino es el paradigma de la vuelta del ladrillo al Mar Menor. Estamos asistiendo otra vez a una nueva ofensiva del Ladrillo S.A., una acción del urbanismo más depredador frente a las recientes movilizaciones y la plasmación legislativa del Mar Menor con personalidad jurídica propia. El ladrillo avanza en La Manga, como en un damero maldito ocupando los escasos espacios libres en esta larga franja de arena. Nuestra laguna debe seguir siendo patrimonio de toda la ciudadanía y no un territorio para la especulación, el cemento y el hormigón.
Al despropósito de la actuación urbanística en la Cala del Pino se le suma construcción de más de 500 viviendas entre los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, según los datos de ambos. En la zona de Pudrimel han comenzado las obras de 88 viviendas. Al norte del Estacio, también se prevé la edificación de 116 apartamentos. Al sur del Puerto de Tomás Maestre, cerca del pabellón deportivo, están previstas otras 300 viviendas. Está la construcción de los apartamentos en Cala Flores en Cabo de Palos, la edificación de un bloque de 44 viviendas en la zona de Miradores del Puerto y se tienen proyectados dos nuevos edificios en la zona de Veneziola, Todos estos ejemplos anteriores explican el resultado de un modelo de urbanismo que no es sostenible, ni ambientalmente equilibrado, aunque se nos intente disfrazar de desarrollo turístico. También, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cartagena ha confirmado la paralización del proyecto de urbanización Novo Carthago y, en otro contexto, el Ministerio declaraba especie en peligro de extinción a la esparraguera del Mar Menor (Asparagus macrorrhizus), una especie que solamente se encuentra en arenales y solares urbanos del norte de La Manga.
La falta de voluntad del Gobierno regional y de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier por no responder a la depredación del urbanismo en el entorno de nuestra laguna es manifiesta. La exclusión temporal introducida en la Ley del Mar Menor de 2020, que solamente se planteaba para nuevos desarrollos urbanísticos, se convierte en papel mojado para resolver el problema del crecimiento de un delirio urbanístico desmesurado y agresivo del territorio.
Los ayuntamientos del entorno tienen un papel fundamental. Pueden y deben asumir mecanismos que potencien las buenas prácticas sociales, ambientales y turísticas en el litoral. Nuestra sociedad civil se encuentra en una encrucijada sobre la que tiene que decidir, seguir por el camino trillado del urbanismo depredador o cambiar de hoja de ruta hacia un desarrollo sostenible en un contexto de emergencia climática.
Se necesitan medidas cautelares adoptadas con carácter urgente, que incluyan la suspensión de la aprobación de planes o proyectos de urbanización en la zona. Necesitamos también gobiernos municipales que no acepten presiones y defienda el patrimonio ambiental de una manera clara. Los alcaldes pueden suspender los efectos de una licencia, en base a los nuevos derechos de la laguna en la Ley de personalidad jurídica del Mar Menor. Establecer una moratoria real, sin subterfugios, al crecimiento urbanístico en el litoral es otro camino de preservación de la laguna y de eliminación de los impactos ambientales que todavía la amenazan. Los próximos años pasan por convertir al Mar Menor en un patrimonio real y ambiental de toda la ciudadanía, presente y futura.
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