El 'caso Timple': el perrito de Canarias que murió estando atado de sus cuatro patas

Este artículo recoge una noticia que ha generado una gran alarma social. Para hablar de este caso, conocido como 'el caso Timple', creo, sinceramente, que la persona más adecuada es mi compañera Francisca Gutiérrez, abogada especializada en Derecho Animal con quién me une la pasión por los animales, la inquietud por aprender constantemente y el trabajo profesional para transformar nuestra sociedad con la finalidad de hacer un lugar mejor para los animales y para las personas que los amamos.

A Francisca he tenido la suerte de conocerla en DeAnimals, mi escuela de formación online para juristas que deseen especializarse en Derecho Animal.

Francisca es una abogada que, sin hacer mucho ruido, trabajando de forma profesional y discreta, no para de conseguir grandes logros en la protección animal, tanto a nivel judicial como a nivel de políticas públicas de protección animal, especialmente en su tierra de las islas Canarias.

Cedo mi palabra a la abogada Francisca quien, por su cercanía, conoce del 'caso Timple'. Además, en este artículo hablará sobre la importancia del abogado en las denuncias por delito de maltrato animal (artículo 337 del Código Penal), representando a entidades de protección animal, en lo que se conoce jurídicamente como acusación popular y la relación de este tema con casos como el de Timple.

Francisca Gutiérrez nos comenta lo siguiente:

 “Hace un par de meses alguien me preguntó en el juzgado que por qué las asociaciones de protección animal y abogados nos personábamos como acusaciones populares en causas de maltrato si ya está presente el Ministerio Fiscal para acusar por el delito.

La respuesta que le di a esta persona se ha materializado con el caso de Timple, el perrito de Teguise que murió presuntamente asfixiado estando atado con una cuerda sobre sus cuatro patas con una brida en el hocico y precinto.

En el año 2015 se produjo un reforma legislativa del Código Penal respondiendo a una realidad social, incrementando la pena máxima con respecto al año 2003 de hasta 18 meses de prisión, cuando se produce la muerte de un animal maltratado, entre otras modificaciones.

Es por tanto, un delito relativamente de reciente configuración donde la figura del maltrato animal todavía no está suficientemente conformada con doctrina del Tribunal Supremo (aunque tenemos algunas como la reciente STS, Sala de lo Penal de 20 de mayo 2020).

Los abogados y abogadas que llevamos estos casos nos vemos “obligados”, en muchas ocasiones, a realizar una importante labor pedagógica en los juzgados.

Aunque por otro lado, sería injusto y faltaría a la verdad si no dijese que hay muchos casos de delitos de maltrato animal, que pasan desapercibidos al no ser mediáticos, en los que se dicta la merecida condena por la gran labor que se ejerce desde la Fiscalía de Medio Ambiente, sin ir más lejos, la de aquí en Tenerife.

Pero no siempre se cuenta con operadores jurídicos sensibilizados y formados en esta materia tan específica viéndonos obligados, los abogados que defendemos los intereses de entidades de protección animal, a recurrir decisiones de jueces, por ejemplo, la de sobreseer (archivar) un procedimiento judicial al no apreciarse en el juzgado indicios delictivos cuando el maltrato está ahí y es real.

Esto sucede especialmente cuando el maltrato animal se comete en su modalidad de comisión por omisión del deber de cuidado adecuado por parte de la persona responsable del bienestar del animal o cuando no hay una acción directa de lesionar al animal con un utensilio.

Pero sobre todo porque el perro Timple, a pesar de no tener valor para muchos, para otros tantos sí, era una vida con alma y estaba dignificado, tenía su nombre propio.

A esto se sumó que los autores del citado delito de maltrato animal se beneficiaron de la reducción en un tercio de la condena, con conformidad en la acusación del Fiscal.

Se celebró un juicio rápido que finalizó con una sentencia condenatoria firme por delito de maltrato animal, es decir, sobre la que no cabe recurso al no cumplirse determinados requisitos. Por lo que a la indignación social generalizada se sumó la impotencia por la situación jurídica generada.

Acusaciones Populares y particulares

Las acusaciones populares, como por ejemplo, de las denuncias realizadas con abogado o abogada por las entidades de protección animal en casos de maltrato animal, nos personamos en los casos judiciales por delito de maltrato hacia los animales para solicitar penas determinadas en función de la gravedad de los hechos cometidos, en definitiva “para que se haga justicia”.

Es evidente que ninguna acusación popular o particular hubiese acusado, en el procedimiento especialmente cruel de Timple, con las penas mínimas de prisión e inhabilitación y hubiésemos acusado con una pena acorde a lo que sucedió, dentro del marco legal del artículo 337 del Código Penal.

Nuestro sistema no ha hecho justicia con Timple, pero estoy segura que su fallecimiento provocará que los casos de maltrato que lleguen a los juzgados se miren a partir de ahora con otra lupa, la que merecen según nuestro ordenamiento jurídico, en este caso las máximas.”

Es cierto, que tal y como comenta la abogada Francisca, la labor de los abogados en los procedimientos judiciales es fundamental para recurrir posibles archivos de denuncias en el juzgado, para recurrir las calificaciones del delito cuando el juez o la fiscalía consideran que deben ser más livianas, para pedir mayores condenas dentro del marco legal y, sobre todo, para realizar todas las acciones legales para evitar que un animal maltratado aún con vida siga en manos de su maltratador o incluso regrese con él si hubiere sentencia absolutoria o incluso condenatoria porque el actual delito de maltrato animal no contempla el comiso definitivo (retirar el animal para siempre) a la persona responsable de su maltrato.

Por último quiero dar las gracias a todos los abogados que defienden los derechos de los animales en los juzgados. Gracias compañeros.