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REGIÓN DE MURCIA

PP y PSOE se enfrentan por la imputación de José Vélez, nuevo delegado del Gobierno en Murcia

La instructora del caso rechazó el pasado miércoles la petición de la Fiscalía para declarar el procedimiento como causa compleja

El alcalde de Calasparra, José Vélez / AYUNTAMIENTO CALASPARRA

El alcalde de Calasparra, José Vélez / AYUNTAMIENTO CALASPARRA

José Vélez ha hecho efectiva su renuncia en la tarde del jueves como alcalde del municipio murciano de Calasparra para ocupar su nuevo cargo como delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Pero el nombramiento de Vélez, muy cercano a Pedro Sánchez y con fuerte peso político en el PSOE regional, no está exento de polémica debido a su imputación por prevaricación y malversación por un supuesto cobro ilegal de sueldos públicos en el Ayuntamiento de la localidad murciana, del que ha sido alcalde desde 2014. La querella fue interpuesta en septiembre de 2018 por los portavoces de la oposición de la anterior legislatura.

Mientras que el senador del Partido Popular Francisco Bernabé ha señalado que "Pedro Sánchez empaña la Delegación del Gobierno al nombrar al frente a un imputado por dos delitos de corrupción", fuentes socialistas han afirmado que la Fiscalía ha pedido "de forma artificiosa que se amplíe el procedimiento como causa compleja y así poder decir que Vélez está imputado por prevaricación y malversación".

El origen de esta imputación se remonta a un pleno de mayo de 2015 en el municipio murciano de Calasparra, cuando se aprobaron las retribuciones de los concejales sin el acuerdo de la oposición. Los ediles María Marín (PP), Jesús Alajarín (Ciudadanos) y Alonso Torrente (Calasparra Viva) llevaron su desacuerdo a los tribunales y ahí empezó un laberinto judicial que concluyó con una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en julio de 2017 que reconocía estas retribuciones.

Descontentos con el resultado, los concejales de la oposición interpusieron una nueva demanda en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca en septiembre de 2018 con la intención de que no se reconociera el carácter retroactivo de estas remuneraciones y que, en cambio, esta retroactividad fuera identificada como presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Según los concejales de la oposición, el alcalde y ambos ediles de Calasparra habían renunciado en ese momento a la dedicación exclusiva, cuestión que los socialistas niegan. "Para eso se tendría que haber presentado un escrito en el Ayuntamiento y haber dado cuenta en el pleno. Eso nunca pasó", apuntaron fuentes socialistas.

Las cantidades en cuestión son 4.600 euros en el caso del nuevo delegado del Gobierno en Murcia; unos 15.000 euros para Jordi Arce, actual secretario de Organización del Partido Socialista en la Región; y 10.600 para Juan Antonio Moreno, quien dejó su responsabilidad en el Ayuntamiento del municipio murciano en abril de 2017.

La jueza niega la ampliación del plazo de instrucción

La instructora del caso rechazó el pasado miércoles la petición de la Fiscalía para declarar el procedimiento como causa compleja. El Ministerio Público quería disponer de 18 meses más para solicitar una serie de informes sobre las presuntas retribuciones irregulares recibidas por Vélez y los otros dos antiguos concejales, pero la jueza señaló que esas pruebas ya se habían realizado e instaba a la Fiscalía a pronunciarse sobre si archivar la causa o declararla procedimiento abreviado, lo que supone el paso anterior a la apertura del juicio oral. Para el código ético del PSOE, vigente desde 2014, este sería el momento en el que un cargo público debería dimitir.

Calasparra es el único municipio de la Región donde el PSOE ha gobernado exclusivamente durante los últimos 40 años. "Esto es un acoso y derribo. Querían cargarse a Pepe Vélez a través de denuncias", dijeron a este medio fuentes socialistas.

"Refugio político de los amigos de Pedro Sánchez"

En una rueda de prensa en el Senado el miércoles, el antiguo delegado del Gobierno en Murcia y actual senador Francisco Bernabé (PP) arremetió contra este nombramiento porque manifestó que, de esta forma, "el Gobierno socialista le resta valor y credibilidad moral a la institución de la Delegación del Gobierno". "Hoy más que nunca se ha convertido en el mejor refugio político de los amigos de Pedro Sánchez", añadió.

Desde Ciudadanos, en cambio, mostraron más cautela a la hora de valorar el nombramiento de Vélez. "Designar a un investigado por la justicia no es lo más adecuado, pero respetaremos los tiempos de la justicia y esperamos que abra vías de diálogo con el Gobierno central", apuntó Jerónimo Moya, el responsable de la gestora del partido naranja en Murcia.

El portavoz del PSOE en la Región, Francisco Lucas, respondió que "no hay político que más vergüenza genere que Francisco Bernabé". "Su paso por la Delegación del Gobierno es la etapa más lamentable y gris de toda nuestra democracia", dijo en referencia a la represión que puso en marcha el político del PP para acallar la movilización a favor del soterramiento del AVE en su llegada a Murcia.

"Espero que cuando esta calumnia y persecución hacia José Vélez concluya, el senador del reino de España, que solo se dedica a pelotear a sus jefes sin importarle el bienestar de la Región, convoque con gran urgencia y vehemencia una rueda de prensa para pedir perdón", añadió Lucas.

Vélez terminará el próximo lunes los trámites para convertirse en delegado del Gobierno y tomará posesión del cargo unos días después. En el Ayuntamiento de Calasparra le sustituirá la concejal Teresa García. En lo que respecta a su situación judicial, la juez tendrá que decidir pronto si archivar el asunto o abrir el juicio oral al dirigente murciano.

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