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La acusación popular reclama 13 años de cárcel para el expresidente Valcárcel por el caso Desaladora

El expresidente Valcárcel

El abogado murciano Diego de Ramón, como representante de la acusación popular en el caso Desaladora, ha reclamado 13 años de privación de libertad para el expresidente de la Comunidad con el PP, Ramón Luis Valcárcel, por los delitos de presunta malversación y fraude en la gestión de las subvenciones de la desaladora de Escombreras, además de otros 15 años de inhabilitación por presunta prevaricación.

La reclamación ha sido cursada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia y se enmarca en el plazo que dio la jueza a Fiscalía y a la acusación popular para demandar la apertura de juicio oral contra Válcarcel.

La petición de la acusación popular es de 15 años de inhabilitación para cargo público, a lo que suman ocho años de cárcel por presunta malversación de caudales públicos y otros cinco por fraude en la gestión de subvenciones. Además de una multa del séxtuple del dinero presuntamente defraudado en la desaladora, embargo de bienes suficientes en pensiones renta, propiedades e investigación patrimonial en España y fuera del país.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro, notificó el pasado 17 de octubre la continuidad del procedimiento contra el el expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel en el caso de la desaladora de Escombreras, conocido como 'La Sal'. De este modo, quien gobernara la Región durante casi dos décadas tendrá que sentarse en el banquillo. Se trataría del segundo presidente autonómico en encontrarse en esta situación después de que el también popular Pedro Antonio Sánchez declarase el pasado 27 de septiembre por el 'caso Auditorio'.

El 'caso La Sal' centra sus investigaciones en torno a un presunto fraude de 600 millones relativo a la construcción de la desaladora de Escombreras dentro de un entramado societario que buscaba dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

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