El alcalde de Murcia recalificó unos terrenos de la familia de su mujer en 2001
Fue una de las primeras decisiones de Miguel Ángel Cámara como alcalde de Murcia tras ganar las elecciones por mayoría absoluta. Así lo denunció en su día la oposición socialista a través del concejal José Zapata, que fue demandado por el suegro de Cámara tras hacer públicos estos hechos, demanda que fue desestimada. El propio Cámara recordó esta misma semana, en una entrevista en la Cope, que el PSOE ya había intentado implicar a sus suegros en su actividad política.
Zapata denunció que el alcalde de Murcia había promovido la suspensión del avance del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por unanimidad en 1991 –y que preveía el crecimiento de los Martínez del Puerto hacia el sur–, modificándolo hacia el norte. De esa forma la recalificación de la zona benefició a tres fincas: una del suegro de Cámara, otra de una tía de su mujer y la tercera de un tío de la misma, que fue presidente de Alianza Popular en los años 80 en esa población.
Según consta en documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es Región de Murcia, “dichos terrenos pasaron de ser suelo no urbanizable, calificado como NU12 en el PGOU de 1977, así como en el Plan Estratégico y Avance del PGOU aprobado por unanimidad en la legislatura 1991-1995, a suelo urbanizable ZB residencial de baja densidad, lo que equivale a una edificabilidad de 0,4 metros cuadrados ampliable en un 10% de prima de aprovechamiento para dar viabilidad al proyecto, medida de carácter discrecional que permite la ley del suelo regional en su artículo 106”.
El suegro de Miguel Ángel Cámara vendió su parcela a una empresa de la zona, Inversiones Saura y Ortega SL, antes de la aprobación definitiva del PGOU en enero de 2001, pero el 11 de noviembre de 1999 pagó 5.518 pesetas en concepto de impuesto de bienes rústicos, fecha en la que ya se encontraba aprobado de forma inicial el Plan General por acuerdo de Pleno de 23 de Octubre de 1998. Ese hecho demostraría que la recalificación ya estaba en marcha y asegurada cuando el suegro del alcalde realizó la venta.
Meses después, en junio de 2000, se aprobó en Pleno y se realizó la exposición pública de la aprobación provisional del PGOU en la que se certificaba la recalificación de los terrenos.
José Zapata, el concejal socialista en la oposición que denunció los hechos, fue llevado a los tribunales por el suegro del alcalde, que dijo haber sufrido una invasión de su intimidad y honor que le habría ocasionado problemas de salud.
La demanda fue rechazada tras la celebración de juicio, y la sentencia del juez José Antonio Guzmán Pérez recoge con claridad “la certeza en cuanto a la modificación de la clasificación urbanística de los terrenos y su venta”, señalando además que es “indudable por estar acreditado que el 22 marzo 1995 el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad el avance de la revisión del PGOU, que mantiene la calificación de rústicos que tenían desde el 1977 los terrenos de la familia de la mujer de Miguel Ángel Cámara; que el Partido Popular gana las elecciones con mayoría absoluta pasando a ser Alcalde el yerno del propietario de los mismos; que después, el 16 de mayo de 1996, el Pleno del ayuntamiento aprueba una modificación del avance que afectó a estos terrenos, pasando a ser urbanizables, lo que supone un notable incremento de su valor; en el mes de febrero de 1998, el padre de la mujer del alcalde vende estas tierras, y el 23 de octubre de ese mismo año, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, ratificado por la Consejería de Obras Públicas”.
El juez instructor del caso Umbra –por el que se investigan irregularidades en los convenios urbanísticos del norte de Murcia-, en el que está imputado el alcalde de la capital regional, ha determinado en el auto de 28 de diciembre de 2014 en el que se levanta el secreto del sumario sobre el patrimonio de Cámara, que el dinero de la venta de unos terrenos en Baños y Mendigo, propiedad de los suegros del regidor murciano, habría revertido en la cuenta del matrimonio cuyo saldo se acerca a los 600.000 euros, y que además, entre los compradores existen vínculos con otros imputados como Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia.
