La Región de Murcia presenta la segunda mayor tasa de mujeres víctimas de la violencia de género por comunidades
La Región de Murcia presenta una tasa de 87,8 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la segunda mayor por comunidades autónomas, sólo inferior a la de Baleares (95,6), frente a la media nacional de 66,6.
Los datos del CGPJ reflejan que la violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 habitantes superó la media nacional (66,6) en los casos de Baleares (95,6), Murcia (87,8), Comunidad Valenciana (85,3) y Canarias (84,5). Las ratios más bajas se dieron en Castilla y León y en Galicia, con 41,9 y 42,7, respectivamente.
Los juzgados españoles recibieron el año pasado 166.620 denuncias por violencia machista (456 diarias), un 16,4 % más que en 2016, y el número de mujeres víctimas de esta lacra subió un 17,7 % hasta las 158.217, las cifras más altas desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las contabiliza.
Un año, 2017, en el que el órgano de gobierno de los jueces destaca el incremento de los menores enjuiciados por violencia de género (que pasó de los 179 en 2016 a los 266, lo que supuso un aumento de casi el 50 %). En 249 de los casos se impusieron medidas de protección.
El Observatorio del CGPJ también subraya el descenso de dos puntos de la dispensa de las mujeres de la obligación legal de declarar, que pasó del 12 % en 2016 al 10 % en 2017, cuando 16.464 mujeres optaron por no declarar contra su pareja o expareja.
Siguen siendo las extranjeras las que más se acogen a esta dispensa (un 13 % del total, frente al 9,3 % de las españolas). En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 69,6 % eran españolas y el 30,4 %, extranjeras.
El pasado año, las condenas a maltratadores aumentaron un 1,2 % hasta las 33.146, un 67,4 % del total de sentencias dictadas (en 2015 fue del 62,6 % y en 2016 del 66,2 %), frente a 16.019 absoluciones.
Casi siete de cada diez denuncias fueron presentadas por la propia víctima, el 15 % por intervención directa de la policía y el 9 % fue el resultado de partes de lesiones, mientras que las denuncias de familiares supusieron poco más del 2 % del total.
Las solicitudes de órdenes de protección fueron 44.106, casi 800 más que el año anterior. En la mitad de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de esta petición.
En 2017, las medidas judiciales penales de protección ascendieron a 61.069: en un 66,2 % de los casos se adoptaron órdenes de alejamiento; en un 63,9 %, prohibición de comunicación; en un 6,8 %, prohibición de volver al lugar; y en un 3,2 % se decretó la privación de libertad.
Por su parte, se dictaron 15.237 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal: un 19 % en relación con la prestación de alimentos, un 16 % con la atribución de la vivienda, un 4,8 % con la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; y un 2,9 % tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.
Cifras “inasumibles para la sociedad”
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, califica de “escenario positivo” el aumento de las denuncias porque evidencia las “conductas violentas contra las mujeres y los menores” y también de las condenas, aunque denuncia que estas cifras son “inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada”.
Carmona se muestra preocupada por que “persistan actitudes de violencia machista en nuestros jóvenes, que debieran ejemplificar mejor que cualquier otro segmento social los valores de igualdad, respeto y libertad”.
