Aborto y objeción, ante un momento decisivo en Navarra
Realizar las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) directamente en la sanidad pública navarra antes de fin de año; y las quirúrgicas, algo más adelante pero también en un plazo corto de tiempo. Estos son los planes que ha adelantado Geroa Bai y que han vuelto a colocar el aborto como un tema de actualidad en la Comunidad Foral. Ya ocurre así en todo el país tras el anteproyecto (que no salió adelante) del exministro Gallardón y la propuesta del PP de exigir el consentimiento paterno en cualquier caso para las chicas de 16 y 17 años que acudan abortar, pero ahora las miradas también están puestas en el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea). El propio consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, reconoció que esta medida puede generar “revuelo”, en una sociedad como la navarra donde la clínica privada a la que ahora se derivan estas interrupciones no abrió hasta 2011, y ante la que se celebran concentraciones de protesta y oración de grupos pro-vida.
UPN y PPN han sido las dos formaciones que se han mostrado críticas con esta medida en el Parlamento foral; la portavoz popular en la Cámara, Ana Beltrán, recordó que su partido defiende la defensa del no nacido “desde el primer momento de la concepción”. Por su parte, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, se refirió a este paso en la sanidad como uno de los compromisos del gobierno del cambio; de hecho, así está incluido en el acuerdo programático que apoyan Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y que permite a Barkos liderar la comunidad. En ese documento, se recoge precisamente la realización de la IVE farmacológica como una medida a realizar de forma “inmediata” (cuestión que también apoya el PSN) y de otras modalidades “progresivamente” a lo largo de la legislatura. De ahí que lo que haya sorprendido no es tanto la promesa como su celeridad; ya hay quien se pregunta si realmente el Gobierno Foral podrá preparar el sistema para antes de que finalice 2015. Por el momento, según apuntan desde el Departamento de Salud, no hay nuevos avances.
El aborto, como recordó en un informe en mayo de 2013 la Cámara de Comptos (que fiscaliza las cuentas públicas en Navarra), se despenalizó en 1985 y un año después, tres ginecólogos navarros y la Dirección del Hospital Virgen del Camino afrontaron una querella criminal, presentada por una asociación católica, por la realización de un aborto que, según se denunció, no estaba contemplado dentro de los supuestos. El personal fue absuelto, pero lo acontencido es clave para entender el devenir de las IVE en Navarra en general y en el sistema público en particular. Hasta 2011, con la apertura del centro privado de la Clínica Ansoáin, en Navarra no se realizaron abortos (se derivaban fuera de la comunidad); y, en la actualidad, en 2014 por ejemplo se tramitaron 888 IVE en Navarra (frente a las 938 del año anterior y las 1.051 de 2012), pero siempre a través de conciertos con clínicas privadas como la mencionada. Y la tensión entre grupos católicos como el Opus Dei, que se oponen a esta práctica, y colectivos feministas que exigen incluso ir más allá, hacia un aborto libre, se mantiene.
Hasta ahora, en este debate, uno de los argumentos habituales es que en Navarra hay profesionales sanitarios dispuestos a realizar los abortos en el sistema público, como en 2010 mostraron públicamente once ginecólogos. Para ello, la Comunidad Foral cuenta con su propio registro de profesionales que regula su objeción de conciencia, un sistema que fue recurrido por el Gobierno central y respaldado por el Tribunal Constitucional, que finalmente consideró que la medida no vulnera ningún derecho fundamental. Básicamente, se exige que especialistas en Ginecología y Obstetricia, en Anestesiología y Reanimación y en Enfermería o matronas (por lo tanto, afecta a varios estamentos del personal sanitario y no solo a facultativos, como a menudo se ha anunciado) se apunten a este registro por escrito para afirmar que, por razones de conciencia, no pueden realizar esta interrupción. El paso es clave, ya que persigue garantizar la prestación y que, si no hay personal suficiente, se pueda por ejemplo recurrir a sustituciones para realizar estos abortos en Osasunbidea.
En la actualidad, únicamente una persona está apuntada en este registro, según confirman desde el Departamento navarro de Salud. El sistema generó dudas entre los médicos y médicas, que consideraron que podía ser “discriminatorio” y realizaron “un pacto tácito” de no apuntarse al registro hasta el momento en que, realmente, afrontaran la decisión de hacer los abortos en el sistema público. Así lo reconoce el actual jefe de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra, Ricardo Ezcurra, quien augura un aumento de las personas apuntadas a esa lista de objetores “cuando llegue el momento del primer caso” de realizar una IVE en el sistema público. No obstante, también cree que “no habrá problemas” para contar con personal suficiente y realizar los abortos en el sistema público (el CHN cuenta con 53 ginecólogos y ginecólogas, más el personal de Tudela -alrededor de 11- y Estella -9-). Eso sí, insiste en que esta es una práctica controvertida y “nada agradable”.
Otra de las razones esgrimidas al abordar estas interrupciones en la sanidad pública es la económica. Comptos, en el informe mencionado, concluyó que efectuar la interrupción farmacológica, que se realiza hasta la semana 14 según la ley de plazos y no requiere ingreso hospitalario, costaría unos 200 euros en el sistema público, cuando en el privado rondaba entonces los 454. El aborto quirúrgico (hasta la semana 22), por otro lado, que sí necesita ingreso, rondaba los 550 euros en el sistema público si necesitaba anestesia regional, una cifra similar a la privada, y los 600 con la general, montante ligeramente inferior al coste privado.
El sistema actual
Ahora, si una mujer quiere abortar en Navarra puede acudir a centros de la mujer desde donde, sin coste para ella, es derivada a la Clínica Ansoáin, situada en este municipio navarro. En 2014, en el centro se realizaron 713 IVE a pacientes navarras, en un 41% de los casos mediante un aborto farmacológico. El responsable de la clínica, el ginecólogo José Miguel Gurrea, sigue defendiendo que este el sistema adecuado por su rapidez: sostiene que, al entrar en el sistema público, con sus listas de espera, se dilataría el proceso en algunos casos más allá de esas 14 semanas (por la cita con el especialista, la realización de la historia clínica...), algo que, defiende, ya hizo que el año pasado tuviera que atender en Ansoáin a 144 mujeres derivadas desde La Rioja.
La ley de salud sexual y reproductiva de 2010 recoge que el aborto voluntario se realice en centros públicos o privados acreditados, y que se den garantías de acceso al sistema, pero también que la prestación esté incluida “en los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”. En Euskadi, por ejemplo, según los datos que facilitó al Parlamento el consejero de Salud, Jon Darpon, en 2014 se realizaron 3.329 abortos (un 28% menos que en el ejercicio anterior y la cifra más baja desde el año 2006) y la mayoría, en torno al 80%, se derivaron a centros privados. La clave, por tanto, está en cómo se gestionaría el servicio en Osasunbidea para hacerlo el efectivo. Y, de entrada, según apunta Ezcurra, la idea que baraja sería que esas interrupciones farmacológicas se realizaran en centros de la mujer, de una forma ambulatoria, y evitando así pasar por una consulta hospitalaria.
¿Y la educación sexual?
Esta es, precisamente, una de las reivindicaciones de la Comisión a favor del Aborto en Navarra, que cree que a través del sistema público “se normalizaría el circuito”, de una forma más confidencial y con el personal de atención a la mujer habitual. En cualquier caso, una de sus portavoces, Patricia Olóriz Espinal, insiste en que aún quedan pasos pendientes. Uno de ellos es la necesidad de que la educación sexual se aborde en los centros educativos en general, sin depender de la voluntad de cada escuela o docente. Y Olóriz insiste en un dato que invita a la reflexión: cuatro de cada diez mujeres que abortan voluntariamente lo hacen tras relaciones en las que no hubo anticonceptivos.
