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Competencia estudia una sanción a 25 empresas y dos asociaciones dedicadas al transporte de viajeros en Cantabria

Abre un expediente por la existencia de posibles prácticas irregulares en la prestación de servicios de transporte público, tanto de carácter regular como discrecional

Este organismo, que actuó tras la denuncia presentada por la Federación Cántabra del Taxi, considera que puede tener particular incidencia en el transporte escolar

Estas prácticas consistirían en la fijación de precios de manera conjunta y en el reparto de clientes y adjudicaciones de licitaciones convocadas por la administración

Educación garantiza que el transporte escolar funcionará "con normalidad" desde el inicio del curso

Un grupo de alumnos sube al autobús escolar. | ARCHIVO

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas y a dos asociaciones por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de servicios de transporte público de viajeros por carretera en Cantabria, tanto de carácter regular como discrecional, con particular incidencia en el transporte escolar.

Según ha informado la CNMC, después de analizar la denuncia de la Federación Cántabra del Taxi y la información recabada durante las inspecciones realizadas el pasado mes de febrero en las sedes de Autobuses Benito, S.L., Autobuses Palomera, S.A. y Transportes Terrestres Cántabros, S.A., la citada comisión ha iniciado este expediente sancionador contra un total de 25 empresas y dos asociaciones del sector.

La comisión investiga su presunta participación en posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes y/o adjudicaciones de licitaciones convocadas para la prestación de servicios de transporte público de viajeros por carretera en Cantabria, tanto de carácter regular como discrecional, con particular incidencia en el transporte escolar.

En concreto, las actuaciones se han abierto contra Agesmicar, S.L., A. Menocal, S.L., Anfersa Adaptado, S.L., Autobuses Benito, S.L., Autobuses Figueras, S.L., Autobuses Juan ruiz, S.L., Autobuses La Cantábrica de Comillas, S.A., Autobuses La Carredana, S.L., Autobuses Madrazo, S.L., Autobuses Palomera, S.A., Autocares Eusebio, S.L., Autocares Mariano, S.L., Internacional Regular Bus Castro, S.L., Lorenzo Casanova Y Hermanos, S.A., Lupefer, S.L., N. R. Ruiz, S.A., Rotratour, S.L., Zorrilla e Hijo, S. L. y Grupo Enatcar, S.A., Viajes Por Carretera, S.A.U, Transportes Terrestres Cántabros, S.A., Rutas del Cantábrico, S.L., Transportes Accesibles Generales, S.A. y Transportes Accesibles Peninsulares, S.L. y la matriz de estas seis últimas empresas, General Técnica Industrial, S.L.U.

Por su parte, las dos asociaciones son la Unión Patronal de Autotransporte de Viajeros de la Provincia de Cantabria (UPAVISAN) y la Coordinadora de Transportes de Viajeros de Cantabria.

Según informa la CNMC, se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por este organismo, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.

"La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados", recuerda la Comisión mediante una nota de prensa.

Meses de investigación

El pasado mes de febrero, la CNMC ya hizo público que estaba investigando "posibles acuerdos o prácticas concertadas" entre algunas empresas para el reparto de clientes y adjudicaciones de licitaciones convocadas para prestar este tipo de servicio de transporte. Además, la CNMC señaló que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción "muy grave" de la legislación de competencia, que pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

Esta investigación coincide en el tiempo con la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que suspendió el pasado mes de agosto, de forma provisional, el proceso de contratación del servicio de transporte escolar para el curso 2019-2020 convocado por el Gobierno de Cantabria.

Este órgano lo ha determinado así después de que la Federación Cántabra del Taxi recurriera el mes pasado la licitación y el pliego de cláusulas del contrato del servicio de transporte escolar publicado por la Consejería de Educación al considerar que era "discriminatorio" y "no acorde a derecho" en alguno de sus puntos y suponía un "claro perjuicio" para este colectivo.

Transporte escolar

En el último pleno del Parlamento, celebrado este pasado lunes, la consejera de Educación del Gobierno de Cantabria, Marina Lombó, reconoció a preguntas del PP que en el comienzo del curso se han registrado "desajustes mínimos" en el servicio de transporte escolar, que ha circunscrito a 15 rutas de las casi 500 existentes, aunque señaló que "se han ido solucionando de forma eficaz".

Lombó también destacó que el Ejecutivo autonómico destina casi 16 millones de euros al transporte escolar, que se presta a 16.000 alumnos a través de 471 rutas, y que conlleva un gasto de 100.000 euros al día. La responsable del área reconoció que, a la "complejidad" de este servicio, en este inicio del curso se ha sumado la paralización cautelar del concurso, a la espera de resolver el recurso presentado por la Federación Cántabra del Taxi, lo que ha obligado a prorrogar el último contrato en vigor.

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