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Las irregularidades en el plan de empleo del anterior Gobierno del PP cuestan a Cantabria 14 millones de euros

Ante los requerimientos de explicaciones por parte de Bruselas debido la arbitrariedad en la contratación de 4.000 desempleados, el Ejecutivo popular tuvo que renunciar a la subvención.  

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Íñigo de la Serna, Mariano Rajoy e Ignacio Diego durante la celebración de un mitin.

Íñigo de la Serna, Mariano Rajoy e Ignacio Diego durante la celebración de un mitin.

La Unión Europea (UE) no cofinanciará el 50% del Programa de Empleo de las Corporaciones Locales, como había anunciado el anterior Gobierno de Cantabria, al haber sido descubiertas irregularidades en el proceso de selección de las personas contratadas.

A tres meses de las elecciones, el Ejecutivo del PP impulsó la contratación de 4.000 parados durante seis meses gracias a una inversión de 28 millones de euros, de los cuales la mitad iba a estar subvencionada por el Fondo Social Europeo. Sin embargo, tras detectarse irregularidades, el propio Gobierno tuvo que renunciar a solicitar a la subvención, con lo que el coste total del programa recae sobre el actual Ejecutivo, según avanzó anoche El País.    

El plan de empleo diseñado por el Gobierno del popular Ignacio Diego fue duramente criticado por los partidos de la oposición y los sindicatos, que, además de cuestionar su "afán electoralista" ante la cercanía de los comicios, denunciaron "ilegalidades" llevadas a cabo por numerosos ayuntamientos, a los que el Gobierno dejó potestad para establecer cada uno sus propios criterios en la baremación de los procesos de selección del personal.  El resultado fue un reguero de polémicas a lo largo y ancho de la comunidad autónoma, tal y como contó eldiario.es Cantabria

Así sucedió, por ejempo, en Laredo, donde  la contratación de varias personas vinculadas familiarmente a una de las concejalas del equipo de Gobierno, así como a miembros del personal del Ayuntamiento, despertó las suspicacias de los vecinos de la villa pejina, que no dudaron en manifestarse delante de las puertas del Consistorio ante sus serias dudas de la imparcialidad del proceso.

En Santander, las entrevistas personales fueron determinantes a la hora de asignar los puestos de trabajo, en detrimento de la experiencia y la formación de los candidatos. Con ello, los criterios subjetivos primaron sobre los objetivos, de modo que el resultado fue que muchas personas que por su currículo habían obtenido una puntuación elevada se vieron fuera en favor de otras que realizado una entrevista sobresaliente. Por ejemplo, en una plaza de auxiliar de eventos se seleccionó a una persona que en el proceso objetivo obtuvo un 1,95 y en la entrevista un 9, una situación que se repitió de forma similar en muchos otros puestos. 

En el Consistorio de Santa Cruz de Bezana  tiraron por la calle del medio, como se suele decir. El Ayuntamiento adjudicó los contratos de trabajo mediante un sorteo público. Una decisión que tampoco terminó de convencer, ya que de este modo no se tuvo en cuenta ningún criterio social ni de méritos profesionales. 

De este modo, los sindicatos criticaron que las convocatorias seguidas a cabo por los Ayuntamientos vulneraban los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Y, en este sentido, denunciaron que "el Servicio Cántabro de Empleo no ejerció su competencia de indicar los colectivos que debían ser contratados y eliminó la obligación de solicitar los candidatos a las oficinas de empleo, se posibilitó la irregularidad dando vía libre a unas actuaciones que no se podían corregir por el propio organismo".

Las denuncias llegaron a Bruselas, y el pasado 11 de mayo, la exdirectora del Servicio de Empleo, María Ángeles Sopeña, admitió en un escrito remitido a la UE que "a la vista de las reclamaciones presentadas, se advierte que existe disconformidad sobre la manera en la que determinados Ayuntamientos han procedido a la selección de las personas". Y concluye que "esta operación no será objeto de cofinanciación" y "no va a ser incluida en ninguna certificación de gasto y solicitud de pago" ante Europa, relata El País. De este modo, el actual Gobierno bipartito PRC-PSOE tendrá que abonar íntegros los 28 millones de euros del plan de empleo del PP. 

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