Educación se resiste a dar el nombre de los colegios que hicieron la evaluación en Primaria

El Departamento de Educación no está dispuesto a dar, por ahora, los nombres de los colegios públicos y concertados que a finales del curso pasado hicieron una prueba de evaluación en el tercer curso de Primaria. Varios centros públicos se negaron a realizar esa prueba al entender, tanto los padres de los alumnos como los docentes, que esa prueba suponía una clara aplicación de la Lomce que no tiene ninguna justificación pedagógica. Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige), esta prueba supone una clara imposición de la Lomce (también conocida como ‘Ley Wert’) y viene a sustituir a la de diagnóstico que hasta ahora se ha realizado en cuarto curso.

El caso es que el grupo parlamentario de EH Bildu ha solicitado reiteradas veces al Departamento de Educación información acerca de cuáles han sido los colegios que se han sometido a la evaluación y cuáles se han negado a realizar la prueba, entre otras cuestiones. Y en todas las ocasiones, el departamento ha informado a EH Bildu a regañadientes sobre varios temas relacionados con la prueba, pero sin dar la relación de los centros que la han hecho. Según el Departamento de Educación, la prueba no es una reválida, como así la definen los padres y docentes, y, por lo tanto, no constará en el expediente. A su juicio, será “beneficiosa” para los 30 centros en los que pretende aplicarla de forma experimental y para el propio alumnado, ya que permitirá conocer la situación en la que se encuentra la adquisición de competencias por parte de los escolares.

Desde EH Bildu, su parlamentaria Belén Arrondo se ha visto obligada a solicitar amparo a la Mesa del Parlamento para que el departamento le facilite la información. “Las preguntas que he planteado al departamento son claras y concretas. No busco nada extraño con ellas. Solo poder realizar mi trabajo como parlamentaria de la mejor manera posible”, explica la parlamentaria. Sin embargo, “la respuesta de la consejera no cumple con lo solicitado, no identifica a los centros y se limita a dar una serie de cifras. Yo no pregunté cuántos centros eran, sino qué centros eran. Hay una gran diferencia”.

La mesa ha atendido los requerimientos de Arrondo y le ha concedido el amparo y se ha dirigido al Gobierno para instarle a que contestara. “Al no facilitar la información”, añade Arrondo, “la consejera Cristina Uriarte tiene un único objetivo: entorpecer la responsabilidad que como parlamentaria me corresponde, es decir, mi labor de control de la actividad del Gobierno. Sin identificar estos centros, es imposible realizar un seguimiento adecuado del tema”.

El departamento sostiene que no facilita los nombres porque están protegidos por la orden que regula este tipo de pruebas y que establece que en esta evaluación de diagnóstico se deberá tomar en consideración la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello se tendrán en cuenta que “todos los datos de carácter personal, así como los de todos los centros y grupos participantes en cada aplicación, serán recogidos y conservados en forma que no permita su identificación, para lo que se utilizarán en todo momento códigos alfanuméricos y nunca nombres propios o nombres de centros”.

Tanto el departamento como EH Bildu han solicitado a la Agencia Vasca de Protección de Datos que se pronuncie sobre esta cuestión.