El asesinato de Gregorio Ordóñez desató la socialización del sufrimiento por parte de ETA

“Los etarras querían asesinar a uno para atemorizar a mil, pero consiguieron lo contrario. Asesinaron a Gregorio, pero muchos siguieron su ejemplo”. Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, afirmaba esto tras el asesinato de su esposo por parte de ETA. De ese asesinato hace justo 23 años y supuso un cambio en la estrategia de ETA con la introducción de lo que llamó “la socialización del sufrimiento”. Con el asesinato del aguerrido concejal del PP en San Sebastián ETA pretendía generalizar el temor en toda la sociedad, desde profesores a ertzainas pasando por adversarios políticos, jueces y periodistas. Es decir, ganar para su causa a una sociedad amedrentada y arrinconar a los que le hacían frente con el objetivo de forzar al Estado a una negociación.

Así, el asesinato de Ordóñez, el 23 de enero de 1995 dio por inaugurada esta nueva etapa, que combinaba asesinatos muy selectivos con la violencia callejera para que todos se dieran cuenta de la realidad del conflicto. ¿Y por qué Ordoñez? En lo que todos coinciden en que su elección no tuvo nada de casualidad. Había sido proclamado candidato a la alcaldía de San Sebastián con un PP en alza ( en esos momentos era la primera fuerza con el 23% de los votos) y era beligerante con HB y la denuncia de la violencia. El tiro que acabó con su vida conmocionó a la sociedad vasca, que reaccionó de una forma sin precedentes.

Por eso, 23 años después aún se mantiene muy viva su llama. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha participado en el responso celebrado en el cementerio donostiarra de Pollo y ha ratificado que el Gobierno central del PP “seguirá trabajando hasta la derrota total y absoluta de ETA”. Y para que “todo el relato” sobre lo acontecido con la violencia de la banda terrorista “gire en torno a lo que es la memoria, la justicia y la verdad que exigen las víctimas del terrorismo”.

Someter a la sociedad

Por su parte, la hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado que “los objetivos de ETA y sus voceros eran y siguen siendo los mismos: el sometimiento de la sociedad a un proyecto nacionalista radical, totalitario y excluyente”. “Lo defendían antes con las armas, la extorsión y la amenaza”, ha recordado, para añadir que, ahora, “lo defienden desde las instituciones”.

En esta línea, ha denunciado que hace unos años, “cuando ETA estaba operativamente acabada, el Estado se plegó” y “se legalizó a su brazo político y, en lugar de aprovechar ese momento de debilidad para exigirles la condena al terrorismo pasado y futuro, hicieron la vista gorda”.

“Ahora nos hablan de la organización terrorista como si fuera casi un fantasma”, ha afirmado, y ha denunciado que “se quiere ceder otra vez ante los terroristas” y, por ello, “se les ha permitido que escenifiquen el teatro del desarme, incluyendo la destrucción de armas que España se ha negado a investigar”.

También “se les está permitiendo que den pábulo al anunciado espectáculo de la disolución” y que “sus mediadores, con el inestimable apoyo del Gobierno vasco, lancen globos sonda sobre supuestas negociaciones acerca de los presos en Francia que son rotundamente falsos”.

“Y pese a ello, nos siguen martilleando con el mantra de la derrota de ETA”, ha subrayado. “Nunca una victoria vendida como tan rotunda ha resultado tan poco visible y, si me apuran, tan amarga. Nunca unos terroristas derrotados han tenido tanto margen de maniobra por la permisividad de un Estado cuyo único deber es aplicarles la ley”, ha incidido.

Líneas rojas

De este modo, ha exigido a quienes “defienden el Estado de Derecho” que “no traspasen esas líneas rojas que se marcaron algunos políticos honestos” como Gregorio Ordóñez, ya que “hay cosas con las que no se negocia”: “No consientan que las líneas rojas de los etarras, ni arrepentimiento, ni delación, se impongan a las líneas rojas del Estado de Derecho”.

Asimismo, ha destacado que “cuando hay principios en juego”, como en lo que “atañe a ETA y a sus presos”, ceder “no es una opción” y por ello ha exigido a “quienes defienden el Estado de Derecho que no transfieran los derechos de las víctimas a los nacionalistas”.