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Nuevas corporaciones, ¿viejos sueldos?

Aitor Guenaga

Dicen que el papel lo aguanta todo. La última aportación al debate sobre cómo deben ser los concejales que se sienten en los plenos de los consistorios del País Vasco tras las elecciones del 24 de mayo ha causado enojo entre populares y socialistas. La idea llega de la mano de EH Bildu que ha presentado entre sus alegaciones a la Ley Municipal de Euskadi la obligatoriedad de que los candidatos a esos comicios sepan hablar euskera.

La propuesta la ha defendido el director de Euskera de la Diputación de Gipuzkoa, Zigor Etxeburua, que la incluyó entre las aportaciones de la coalición soberanista al proyecto de Ley Municipal que ahora se tramita en el Parlamento vasco.

“Visto lo visto, más que exámenes de euskera, quizá habría que exigir exámenes de tolerancia y valores democráticos, antes de que algunas personas asuman ciertas responsabilidades institucionales”, resume Begoña Gil, dirigente socialista.

Aunque la idea probablemente raye la inconstitucionalidad y ya haya sido calificada por Gil como una “ocurrencia” que desprende en sí misma un claro “talante totalitario”, revela una cosa: aún hay margen de maniobra para definir cómo serán las próximas corporaciones. No todo, claro, porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha legislado en la materia con afán de recorte, austeridad y sostenibilidad del sistema, aunque menor que lo recogido en los textos y anteproyectos difundidos en el año previo a su aprobación.

Mariano Rajoy llegó a asegurar en el verano de 2012 que su Gobierno aprobaría la reducción del 30% del número de concejales. Para abordar esa medida, en realidad solo necesitaba reformar un artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): el que fija los ediles que corresponden a cada circunscripción en función de sus habitantes. La medida, que finalmente fue desechada, hubiera supuesto la desaparición de miles de concejales (más de 20.000 en toda España). Por poner un ejemplo, en la capital más poblada de Euskadi, Bilbao, hubiera perdido ocho ediles de los 29 que tiene en la actualidad.

¿Y qué hay de los salarios de los próximos alcaldes y ediles?

¿Y qué hay de los salarios de los próximos alcaldes y ediles?La Ley de Bases de Régimen Local, cuya última modificación es del 30 de diciembre de 2013, fija en cuestión de retribuciones que “los órganos forales de los Territorios Históricos vascos determinarán los límites máximos totales del conjunto de las retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales, del personal eventual y del resto de personal al servicio de las corporaciones locales y su sector público y de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. La determinación de tales retribuciones atenderá a los principios y estructura establecidos, en su caso, por la legislación estatal”. Las diputaciones están trabajando, según confirman desde Eudel (Asociación de Municipios Vascos), en las nuevas normativas que deberán fijar esos límites.

Eudel aprobó en 2011 unas recomendaciones para los 251 consistorios, a excepción de las tres capitales, que quedaron fuera de ese acuerdo para la gobernabilidad municipal. En esas tablas se señalaba por ejemplo que los alcaldes de municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes tendrían un salario similar a un director del Gobierno vasco (unos 67.000 euros), mientras que los de las ciudades de más de 100.00 cobrarían lo que un viceconsejero del Ejecutivo autonómico (unos 76.000). El lehendakari cobra unos 97.000 euros.

Pero todas esas tablas no dejan de ser meras referencias porque, hasta ahora, la autonomía municipal dejaba en manos de los equipos de Gobierno la decisión última sobre los sueldos. Por ejemplo, en 2014 Ibón Areso, alcalde de Bilbao, ha cobrado 89.514 euros, a lo que hay que sumar los 8.921,88 en concepto de trienios. Y sus tenientes alcalde Ibone Bengoetxea y José Luis Sabas 81.561 euros cada uno (Sabas además percibe por trienios 6.488,64 euros). Un portavoz con dedicación exclusiva cobra poco más de 69.000 euros y un concejal con dedicación exclusiva 53.278,68 euros, según la información oficial. Pero el secretario general de pleno sumó el pasado año en el consistorio bilbaíno 78.554,02 euros (más 8.562,18 euros de trienios) y el director de Intervención General cobró 97.278,34 euros (a los que sumó 8.562,18 euros de trienios).

Euskadi logró incluir varias disposiciones transitorias en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local –que ya lleva un año de aplicación tras su aprobación el pasado 27 de diciembre de 2013 en materia de retribuciones y de competencias-.

¿Cuántos cargos públicos podrán tener dedicación exclusiva? La ley española de racionalización fija las posibilidades en función de la población. Así, en los Ayuntamientos con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de diez. Entre 35.001 y 50.000 habitantes, no excederán de 11. Entre 50.001 y 100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no superaran los quince. Finalmente, entre 100.001 y 300.000 habitantes, no excederán de 18 y entre 300.001 y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no superarán los 20.

El candidato del PSE-EE a la alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, espera que todo esto se vaya clarificando para el nuevo mandato, que comenzará cuando se constituyan los consistorios en junio. “Habrá que ver todo lo relacionado con las liberaciones a tiempo completo”, dice Gil.

Las retribuciones son otro factor que puede tener novedades. Gil recuerda sobre todo la época de los años de plomo en los que ser concejal en municipios pequeños “lo único que te reportaba era una diana, dos escoltas y 30 euros cada vez que iban a un pleno, asignación de la que el partido también se llevaba algo”.

Ahora las cosas han cambiado, pero está por ver hasta dónde llega la austeridad y el control del gasto público en los futuros consistorios vascos.

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