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El alto cargo de Bizkaia imputado por un delito urbanístico culpa a una asesoría

El director de Igualdad y ex alcalde de Bermeo, Xabier Legarreta (PNV), declara al juzgado que desconocía las irregularidades en la construcción de viviendas y que “siempre actué guiado por la asesoría”.

Asegura que “en ningún momento” le comunicaron los problemas en el proyecto urbanístico y se enteró “posteriormente”.

El director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia Xabier Legarreta (PNV) ha culpado a una asesoría municipal de las presuntas irregularidades urbanísticas en Bermeo en un plan que ha causado un quebranto económico para las arcas públicas de 3,4 millones de euros. Legarreta, imputado por dos delitos de prevaricación y societario por esta operación urbanística de construcción de viviendas tasadas cuando era alcalde de Bermeo, declaró ayer ante el juzgado que investiga el caso y aseguró que “siempre actué guiado por la asesoría”.

Este caso se remonta a la anterior legislatura, cuando Legarreta era el alcalde de Bermeo y presidente de la sociedad municipal Beruala, que promovió una operación urbanística de viviendas. Pero en la construcción se afectó a otro bloque de viviendas y, tras un pacto judicial, no se cumplió lo acordado y se construyeron dos plantas más. Las obras fueron paralizadas por un juzgado en 2011 (y desde entonces no se han reanudado) y un informe técnico concluyó que el Ayuntamiento de Bermeo debe abonar una fianza de 3,4 millones para el derribo de la dos plantas construidas de manera irregular.

El actual director de Igualdad (quien se negó a responder a preguntas de la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Bermeo) declaró, ante el juzgado de instrucción número 1 de Gernika que investiga el caso desde el pasado 1 de agosto, su gran desconocimiento sobre los problemas surgidos en el proyecto, aunque era el presidente de la promotora, la sociedad municipal Beruala. Dijo que la asesoría Ekain, contratada por el consistorio, en “ningún momento” les comunica los problemas del proyecto ni el pacto judicial que impedía la construcción de las dos plantas y que “posteriorente” tuvo conocimiento de lo que sucedía. Añadió que “en ningún momento” su intención era “desobedecer” al juzgado.

Junto al alto cargo, también declararon los otros dos imputados, el entonces teniente  Iñigo Imatz, igualmente del PNV, y el gerente de la sociedad Josu Azaola. Ambos mantuvieron la misma tesis de trasladar la responsabilidad a la empresa de asesoría.

La toma de declaraciones de este caso comenzó el martes cuando presentó testimonio el actual concejal de Urbanismo de Bermeo y consejero delegado de la sociedad Beruala Juan Karlos Goienetxea, quien aseguró que el consejo de administración de la sociedad no tuvo conocimiento de las irregularidades, tanto del pacto judicial suscrito que luego se incumplió como de la paralización de las obras.

La instrucción continuará la próxima semana, el 19 de septiembre, con las declaraciones de tres testigos, entre ellos el constructor con el que Beruala alcanzó el pacto judicial que se incumplió y ha dado lugar a este proceso.

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