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Los jueces vuelven a la carga contra los clubes cannábicos y cierran uno en San Sebastián

La investigación judicial, en la que se encuentran imputados el presidente, el secretario y el tesorero del club, deriva de unas pesquisas policiales iniciadas por la Ertzaintza hace cerca de un año y medio

El Parlamento vasco reclamó en abril seguridad jurídica para los clubes de cannabis porque "llevan funcionando desde hace tiempo en Euskadi y realizan un trabajo de autorregulación del consumo de marihuana de forma ordenada y responsable"

El PP de Donostia pide que no se impugne la ordenanza de clubes de cannabis

El PP de Donostia pide que no se impugne la ordenanza de clubes de cannabis EFE

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián ha clausurado el club cannábico Strain Hunters, ubicado en el barrio donostiarra de Gros y que cuenta con más de un millar de socios, en el marco de una investigación por tráfico de drogas sobre la que se ha declarado el secreto de sumario.

Según han informado hoy a EFE fuentes de este club, el cierre del local fue ordenado el miércoles en una comparecencia judicial en la que se adoptó esta medida cautelar después de una entrada y registro en las instalaciones del club, donde agentes de la Ertzaintza se incautaron de unos cuatro kilos de marihuana que había en el local para su distribución entre los socios, dinero en efectivo, ordenadores y diferente documentación, entre otros efectos.

Se da la circunstancia de que el Parlamento vasco reclamó a finales de abril seguridad jurídica para los clubes de cannabis porque "llevan funcionando desde hace tiempo en Euskadi y realizan un trabajo de autorregulación del consumo de marihuana de forma ordenada y responsable"

Las citadas fuentes han recordado que este es el segundo registro de las instalaciones ya que hace unos meses se produjo otra entrada en el local en la que la Policía intervino otros cuatro kilos de marihuana que se encontraba en el lugar y que según el club es una cantidad "mínima" en relación al número de socios. En esta oportunidad, también fue registrado el domicilio del presidente y un pabellón sin que, según las fuentes, se encontrara "nada" punible.

Las fuentes han aclarado también que esta investigación judicial, en la que se encuentran imputados el presidente, el secretario y el tesorero del club, deriva de unas pesquisas policiales iniciadas por la Ertzaintza hace cerca de un año y medio, que se saldaron con numerosos registros y cacheos a los socios que salían del local y a los que se les requisaron cantidades de entre uno y dos gramos de cannabis.

El club, que cuenta con una docena de empleados y al que sus socios pueden acceder también con cannabis de sus propios cultivos, ha lamentado que en las actas de intervención de la droga los policías hicieran constar que había sido "adquirida o comprada" en el local, cuando lo que realmente habían hecho era "retirar la cuota" que les correspondía como socios del club, "dentro del funcionamiento normal de cualquier asociación cannábica".

"Riguroso y estricto control de entrada"

Este colectivo recuerda que en sus instalaciones no pueden entrar terceras personas porque "hay un riguroso y estricto control de entrada" y "sólo se puede acceder con el correspondiente carné".

Ha precisado además que la asociación está registrada como club cannábico, según la ordenanza municipal que está vigente en San Sebastián y que permite el "consumo en espacios cerrados" de este tipo a mayores de edad.

Han aclarado, en este sentido, que no se trata de "un zulo donde se va a pillar", porque en sus instalaciones se ofrece un servicio terapéutico con asistencia médica, además de disponer de un bar, un restaurante y contar con licencia de sociedad gastronómica, por lo que se trata de "un club social" en el que además "hay charlas, conciertos y cursos sobre reducción de riesgos", entre otras actividades, sin que se permita el acceso a menores de 21 años.

El club no está imputado

Las fuentes han explicado que el club no está imputado en este procedimiento ni es parte de él y que no tiene oportunidad de defenderse, con unas "graves consecuencias" para la docena de empleados, así como para su millar de socios que, eventualmente, podrían encontrarse ante la tesitura de tener que acudir al mercado negro para acceder al cannabis y las consiguientes "consecuencias" que ello supone.

Han recordado además que el pasado 7 de abril entró en vigor la Ley de Adicciones que reconoce la existencia de clubes cannábicos, así como "el desarrollo y el trabajo que deben hacer". Y han precisado que esta normativa incluye un reglamento que aún no se ha concretado pero que en un futuro "va a desarrollar las competencias y capacidades" de estas asociaciones.

Por estos motivos, las fuentes del club han dicho sentirse "acorraladas por una decisión judicial" y por la "presión" de tener sus instalaciones sometidas a un "acoso constante" por parte de la policía, sin que en ellas se produzca "tráfico de droga alguno".

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