El consejero de Vivienda aboga por limitar el precio del alquiler libre para pinchar la 'burbuja'

Preocupación. Esa fue una de las palabras que recorrió la intervemción del consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, durante su intervención en el Forum Europa al referirse al acceso a la vivienda por parte de la población, especialmente de los jóvenes. “Asistimos con preocupación a una nueva escalada de la burbuja de precios del alquiler. Es necesario establecer y coordinar políticas serias de vivienda a diferentes niveles competenciales, si no queremos volver a repetir los graves errores vividos recientemente”, alertó. Para 'pinchar' esa burbuja, Arriola propone, entre otras medidas, fijar por ley el precio máximo de los alquileres en el mercado libre. Pero es algo que escapa a las competencias autonómicas, ya que depende del Gobierno central.

Una gran parte de la población siente como un problema acuciante acceder a una vivienda o mantener la que ya tiene. “Las instituciones y el conjunto de la sociedad no podemos cerrar los ojos a esa realidad, a riesgo de que nos estalle”, enfatizó el consejero.

La mejor herramienta desde el Gobierno Vasco para incidir en el mercado de alquiler es una oferta pública de alquiler suficiente y a precios asequibles, que modere tensiones de demanda y estabilice precios. Pero para eso hace falta una masa crítica de vivienda pública que aún está lejos de poder ofrecer el Ejecutivo. Y, mientras tanto “la burbuja inmobiliaria, ahora en el mercado del alquiler, sigue latente como amenaza y la espiral de precios que la sustenta no se frena”.

“A corto plazo”, precisó el consejero, “la respuesta principal atañe a competencias estatales. En concreto, aunque no únicamente, a una revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en 2013”. En este caso, es el Congreso de los Diputados donde se debe hacer frente a la situación. “Hay propuestas encima de la mesa ahora mismo que deberían ser debatidas, hay urgencias sociales que exigen encontrar soluciones. Y lo malo es que, con tanto ruido ambiental, no parece que quienes tendrían que tomar medidas estén atendiendo estas necesidades del momento”.

Frente a esa inacción, Arriola propone elevar a cinco años el plazo de los contratos de alquiler, lo que llevaría a revisar  la modificación anterior de la Ley de Arrendamientos Urbanos que los redujo a tres años. “El objetivo es dar un horizonte de mayor estabilidad y certeza a la relación entre inquilinos y arrendadores”.

Una segunda medida a estudiar sería “establecer unos precios de referencia por metro cuadrado para las viviendas de alquiler, en función de su situación y características, a ser posible en colaboración con los ayuntamientos”.

Y, como tercera medida, utilizar la herramienta de la fiscalidad en varias direcciones:

1-Impuestos municipales. Estableciendo un recargo o una bonificación sobre el IBI de las viviendas arrendadas, en función de que superen o no los precios de referencia.

2-IRPF o en su caso Impuesto de Sociedades. Estableciendo un tipo progresivo en los rendimientos derivados del alquiler de vivienda, que parta de un tipo base en el caso en que el precio del alquiler no supere el precio de referencia y desarrolle una escala parea los precios superiores.