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La discapacidad le sale muy cara a las familias

El sobreesfuerzo económico de las familias vascas para atender a una persona con una gran necesidad de apoyo supera los 45.000 euros al año.

Los recortes sociales y el actual sistema de copago de la Ley de promoción de la Autonomía Personal han agravado la situación.

Familiares de personas con discapacidad intelectual reclama sus derechos durante un acto de reivindicación.

Familiares de personas con discapacidad intelectual reclama sus derechos durante un acto de reivindicación.

Las familias que albergan en su seno a un miembro con algún tipo de discapacidad intelectual o de desarrollo deben afrontar un importante sobreesfuerzo económico. En los últimos años, la situación se ha agravado por los recortes sociales y el actual sistema de copago de la Ley de promoción de la Autonomía. Según un estudio de la Confederación Española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (FEAPS), una persona con discapacidad puede suponer un sobreesfuerzo económico anual de 22.955 euros al año en el caso de Euskadi. Una cifra que se va hasta los 24.237 euros de media en el resto de España, que cuentan con menos ayudas que en la comunidad autónoma. Es decir, es lo que paga de más una familia solo por tener una persona con discapacidad intelectual. Esto supone más de un salario medio (22.700 euros al año).

Ricard Valls, director del estudio, ha destacado el hecho de que los 24.237 euros de sobreesfuerzo equivalen a más de un salario medio, que se situaba en 22.727 euros en 2014. En el caso de las personas que requieren de más apoyo, como los incluidos en el grado III y que abarca a personas con una dependencia severa y que deben ser atendidos en el domicilio, el sobreesfuerzo se dispara hasta los 45.034 euros en el caso de Euskadi y los 47.129 euros para el resto de comunidades.

El informe refleja cómo solo uno de cada cuatro personas con discapacidad intelectual trabaja, lo que corresponde a una tasa de actividad del 28% frente al 77% del conjunto de la población. La tasa de paro es del 35% y el salario medio es un 56% menor (8.626 euros frente a 15.069 euros) que una persona que no tiene una discapacidad intelectual. Los datos muestran así como las personas con discapacidad intelectual ingresan menos dinero porque tienen menos trabajo y sueldos más bajos. “Además tener discapacidad intelectual”, se apunta en el estudio, “para las familias supone costes de farmacia, transporte, ocio, cuidados…. Junto a ello, tienen que pagar los servicios sociales básicos en algunas comunidades

Por todos estos motivos, estas familias corren el riesgo de sufrir situaciones de pobreza. “El agravio económico para las familias con una persona con discapacidad intelectual tiene un efecto acumulativo año a año, que acaba incidiendo a corto plazo en la pérdida de capacidad adquisitiva y, a medio plazo, en la descapitalización de las familias. A largo plazo también afecta seriamente la posibilidad de que los familiares puedan percibir pensiones contributivas, al tener que renunciar a trabajar o a hacerlo sólo a tiempo parcial”.

Después de seis años de la entrada en vigor de la ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, esta ha tenido “escaso impacto como instrumento compensador del sobreesfuerzo económico de las familias, que siguen asumiendo una papel crítico en la calidad de vida de las personas con discapacidad”. La comparativa entre 2008 y 2014, supone que la ley ha compensado solo el 24% del sobreesfuerzo económico de las familias.

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