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Una juez investiga una supuesta estafa para recaudar subvenciones públicas

La Fiscalía de Bizkaia considera que una consultora de Gipuzkoa "urdió una trama" con facturas infladas para crear páginas web de las que se beneficiaron 36 empresas.

Presentaban peticiones de ayudas hasta tres veces del coste real con lo que la subvención recibida de la empresa pública SPRI "les salía prácticamente gratis".

El dueño de la consultora ya ha declarado en el juzgado de instrucción 3 de Bilbao y ha negado las acusaciones.

Sede de la SPRI, la empresa pública vasca que concedió las ayudas.

Sede de la SPRI, la empresa pública vasca que concedió las ayudas.

Un juzgado de Bilbao investiga una supuesta estafa, superior a los 125.000 euros, de una consultora de Gipuzkoa para recaudar subvenciones públicas. La Fiscalía de Bizkaia sostiene que “urdió una trama encaminada a conseguir de manera fraudulenta el máximo de ayudas económicas posibles” del Gobierno vasco, a través de su agencia pública SPRI.  El mecanismo, del que se beneficiaron 36 empresas que pidieron ayudas para crear páginas web,  consistía en que los clientes de la consultora Dike System presentaban peticiones de ayudas hasta tres veces del coste real y, como las subvenciones eran de un máximo del 35%, conseguían que les saliera prácticamente gratis.

“Les aportaba una oferta o proyecto con un presupuesto inflado”, asegura la Fiscalía. “Los empresarios obtenían el importe de la subvención solicitada, proveniente de las cuentas de la SPRI, de tal modo que los servicios recibidos de Dike Sytem no les suponía ningún gasto, es decir eran gratis, obteniendo una ventaja competitiva para sus empresas, al tener implantada una página web”.

El supuesto fraude, a través del programa Hobeki Digitala, se desarrolló  mayoritariamente entre 2007 y 2008 pero no se descubrió hasta 2011 tras una inspección fiscal de la Hacienda de Gipuzkoa, en el que se detectó que las facturas iniciales, una vez lograda la subvención, se rectificaban al precio real. Este documento no se presentaba a la SPRI.

El caso ha estado paralizado durante un año para dirimir si se investigaba en un juzgado de San Sebastián (la consultora y 35 de las 36 empresas están radicadas en Gipuzkoa) o en Bilbao, al estar ubicada aquí la sede de la empresa pública que dio las ayudas. Finalmente ha recaído en la titular del juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, que a principios de mes ya ha tomado declaración al dueño de la consultora. En su testimonio, el imputado ha negado las acusaciones al argumentar que ya fue investigado por la Hacienda de Gipuzkoa sin que se le impusiera ninguna sanción, según fuentes de la investigación. Además, ha sostenido que el cambio del importe de las facturas se debía a que su empresa recompraba parte del proyecto de las webs que diseñaba.

A lo largo de este mes está prevista la toma de declaración de una decena de responsables de la SPRI que participaron en el proceso de concesión de las ayudas. Según la instrucción, fue la empresa pública la que puso en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraude.

Dinero devuelto

El escrito de la Fiscalía señala que “el 99,37%” de las facturas fueron rectificadas “denotando que la empresa realizaba dicha mecánica en la totalidad de sus operaciones mercantiles, centrando su actividad empresarial en la obtención del máximo número de subvenciones y ayudas públicas de las diferentes administraciones públicas·” Agrega que ofrecía a sus clientes la “prestación de sus servicios de manera gratuita, pues sería la Administración correspondiente la que acabaría sufragando la totalidad del servicio prestado”.

Según las investigaciones, la empresa pública ya ha recuperado gran parte de las subvenciones que no se ajustaron a la legalidad. “Ni Dike System ni ninguno de sus clientes”, dice la Fiscalía, “puso en conocimiento de la SPRI que el precio real de los servicios era en todos los casos muy inferior al declarado, y que, por ello se producía a espaldas de la SPRI una compensación vía facturas rectificadas o directamente vía facturas falsas”. Por ello, considera que existen “indicios más que fundados” de la existencia de los delitos de estafa y de falsedad en documento mercantil por parte del dueño de la consultora.

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