Un nuevo escudo social contra las consecuencias de la invasión de Ucrania

Cuando llegó la crisis económica provocada por la peor pandemia en 100 años, el gobierno de coalición acertó en la respuesta. Por primera vez desde que yo tengo uso de razón, una crisis se afrontaba haciendo enormes esfuerzos para proteger a la mayoría social. Se suspendió sine die la fracasada receta neoliberal de la “austeridad”, se pusieron en marcha a toda velocidad los ERTE para salvar millones de empleos y cientos de miles de empresas, se lanzó el ingreso mínimo vital, se publicaron Reales Decretos-ley para paralizar inmediatamente los desahucios y los cortes de suministros, se estableció por primera vez en la historia una verdadera prestación por cese de actividad para las personas autónomas… y muchas cosas más. Con todos sus fallos y todas sus limitaciones, se levantó un verdadero escudo social como nunca antes se había hecho.

Yo, que tengo fama de ser un portavoz duro y que no se calla las diferencias con el PSOE cuando es necesario, recuerdo que le dije por aquellos días al presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso que era la primera vez que, además de estar orgulloso de mi país, estaba orgulloso de mi Gobierno.

Dos años después y cuando estábamos recuperándonos con fuerza de la crisis derivada del coronavirus, afrontamos con mucha preocupación el estallido de una guerra en suelo europeo que, además del injustificable dolor que el sátrapa amigo de todas las extremas derechas europeas está causando al pueblo ucraniano, va a provocar y ya está provocando una nueva crisis económica de diferentes características que la anterior pero que amenaza con similar y muy preocupante intensidad a las familias, a los pequeños negocios y a determinados y muy importantes sectores productivos.

Dos años después, la decisión que se nos plantea es la misma y el Gobierno de coalición debe responder de la misma manera. Debemos ser valientes, debemos ser ambiciosos y debemos poner en marcha un nuevo escudo social que proteja a la gente trabajadora y al tejido productivo de nuestro país frente a las graves consecuencias económicas de la invasión de Ucrania. Un nuevo escudo social que sea feminista y verde y que no se quede en parches coyunturales; que afronte con valentía las reformas estructurales que se revelan indispensables cuando eventos planetarios como la COVID-19 la invasión de Ucrania muestran con toda crudeza las costuras de un sistema económico mundial con demasiados elementos centrales al borde de la más absoluta insostenibilidad y cogidos con pinzas.

Las características fundamentales de la nueva crisis económica en la que ya estamos inmersos son bien conocidas: un exorbitante aumento de los precios de la energía, fundamentalmente a través del encarecimiento de gas, que se contagia al resto de la economía y que es la causa principal de una elevadísima inflación. Pero también una dramática bajada en el suministro de determinadas materias primas, como cereales, oleaginosas, fertilizantes, o determinados semiconductores, que también puede contribuir al aumento de los precios y que impacta de manera especialmente grave en determinados sectores específicos. Las medidas que compongan ese nuevo escudo social que hay que poner en marcha tienen que tener en cuenta las especiales características de esta nueva crisis.

Por eso, lo primero que hay que hacer es frenar inmediatamente la escalada de los precios de la energía y, para ello, hay que desacoplar la factura de la luz del precio del gas, sacando a las centrales basadas en esa materia prima del mercado marginalista. No puede ser que, mientras el oligopolio eléctrico cuadruplica sus beneficios en 2021 y el presidente de Iberdrola gana más de 35.000 euros al día, estemos pagando 700€ por cada MWh –por ejemplo– a las centrales hidroeléctricas, que producen la energía a menos de 20€/MWh. Como llevamos diciendo desde hace años, la fijación marginalista de precios es una estafa y los “beneficios caídos del cielo” deberían cambiar su nombre, porque no caen del cielo. Son un saqueo directo a los bolsillos de las familias, los pequeños negocios y la industria por parte de las eléctricas.

Al mismo tiempo, hay que proteger a las personas que dependen directamente de instalaciones de gas natural. El Gobierno debe implementar algún tipo de cheque-ayuda como el que se ha puesto en marcha en Francia y se debe lanzar un plan de subvenciones y créditos blandos para sustituir las calderas de gas natural por otras tecnologías que no dependan directamente de esta materia prima. En España, más de cinco millones de personas tienen problemas para calentar sus viviendas en invierno. Es de una insensibilidad inaceptable que las instituciones le pidan a la gente que baje la calefacción. Lo que tienen que hacer las instituciones es actuar.

El asunto del precio del gas es central, pero el nuevo escudo social tiene que ir más allá porque este no es el único canal de afectación de la economía en esta crisis. La inflación o el precio de los carburantes afectan de una forma desproporcionada a las rentas más bajas y a los pequeños negocios, que no pueden ser, de nuevo, los que paguen los platos rotos. Por ello, es indispensable avanzar de forma urgente en la redistribución de la riqueza y las rentas, de forma directa –mediante una reforma fiscal progresiva– y también de forma indirecta –mediante un fortalecimiento decidido de los servicios públicos y el sistema de cuidados, así como las ayudas a los sectores económicos más afectados–, financiando lo segundo gracias a lo primero.

Hay que reforzar la sanidad pública, en particular la atención primaria y la salud mental (con perspectiva de género), la educación pública de 0 a 3 y todas las demás etapas, el sistema de atención a la dependencia y otros elementos más recientes del sistema de cuidados como el Plan Corresponsables. Y hay que hacerlo aumentando su financiación pero también mejorando las condiciones laborales de sus profesionales. Porque, cuando estos elementos están débiles, el coste de asumir los cuidados va a parar a las espaldas de las familias y fundamentalmente de las mujeres. Pero también porque este camino es muy eficaz en términos económicos. Los servicios públicos son altamente intensivos en empleo y, además, su fortalecimiento permite mantener los niveles de consumo de la gente trabajadora; algo mucho más eficaz para una economía como la nuestra que favorecer la acumulación de riqueza y renta en manos de unos pocos.

En la misma lógica, hay que inyectar liquidez en las PyMEs y autónomos mediante el establecimiento de verdaderas sanciones a la morosidad de las grandes corporaciones y hay que lanzar un programa de ayudas directas y compra pública de alimentos de proximidad para proteger a nuestros pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, que se van a ver muy afectados por elementos específicos de esta crisis como la escasez y aumento del precio de los piensos o los fertilizantes. En el medio plazo, hay que conseguir que la Unión Europea reoriente la Política Agraria Común hacia una mayor soberanía alimentaria. No es sensato plantear la sustitución de unas dependencias geoestratégicas (Ucrania, Rusia) por otras (Argentina, Canadá) cuando países como España tienen una capacidad de autoabastecimiento claramente infraexplotada debido a una incorrecta planificación que, además, aumenta la huella de carbono.

Para sufragar este escudo social, hay que decir claramente que tiene que ser el 1% de personas más privilegiadas quienes se aprieten el cinturón y arrimen el hombro. No es el momento de paralizar la reforma fiscal. Al revés. Debido a la necesidad imperiosa de levantar un nuevo escudo social, es hoy más urgente que nunca llevar a cabo una reforma fiscal valiente y progresiva que baje el IVA a productos de primera necesidad como los servicios veterinarios, las peluquerías o los productos de higiene femenina, que suba los tipos para rentas del trabajo por encima de 120.000€ en el IRPF y también de las rentas del capital, que sitúe un verdadero impuesto a la riqueza que impida la existencia de paraísos fiscales interiores como la Comunidad de Madrid o que establezca un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para que las grandes corporaciones paguen lo que les toca.

En lo que afecta a las personas más directamente afectadas por el conflicto, tenemos la obligación moral de acoger a todas las personas refugiadas, la inmensa mayoría mujeres y menores, con celeridad, prestando especial atención a las circunstancias de mayor vulnerabilidad (explotación sexual, trata, persecución de minorías LGTBI, romaní, etc.) y con todos los derechos, y también de regularizar a todas las personas ucranianas sin papeles que viven en España. Eso sí, no se entendería la hipocresía de no hacer exactamente lo mismo con todos los refugiados y todas las personas migrantes en situación irregular, vengan de donde vengan y sea cual sea su religión o el color de su piel. La confiscación inmediata de todos los bienes que los oligarcas rusos tienen en nuestro país podría servir para financiar una parte de los esfuerzos extra en materia de refugio y asilo.

Por último, hay que saber que los planteamientos reaccionarios corren el riesgo de aumentar su aceptación entre la población, ser masivamente difundidos por buena parte de los poderes mediáticos y avanzar mucho más en tiempos de guerra que en tiempos de paz. La derecha y la extrema derecha lo saben perfectamente. De hecho, tanto el PP como Vox fueron cristalinos en la sesión parlamentaria del miércoles 2 de marzo. La portavoz del PP habló claramente de un aumento en el presupuesto de armamento y ofreció la posibilidad de un esquema político de gran coalición para afrontar la guerra. Santiago Abascal fue mucho más explícito, prácticamente celebrando el conflicto bélico como una oportunidad para dejar de hablar de feminismo, recuperar las centrales nucleares o establecer una distinción entre los diferentes tipos de refugiados en clave racista y xenófoba. A esto hay que añadir la conexión entre Putin y todas las extremas derechas europeas, incluido Vox. En tales circunstancias, es más que una obligación que el bloque democrático de partidos que sostiene al Gobierno de coalición refuerce su conciencia de bloque y la necesidad de colaboración para poder seguir avanzando en derechos en nuestro país. Cualquier tentación de acompañar a la derecha en el camino que ellos tienen completamente claro, supondría un gravísimo peligro para las mujeres, para las minorías, para el desarrollo del Estado social y para los derechos democráticos y civiles en España.

En este sentido, la mejor forma de detener el avance del bloque reaccionario, la mejor forma de luchar contra la involución democrática es precisamente la profundización democrática, el avance de los derechos y libertades fundamentales así como la calidad democrática de nuestras instituciones. Por ello, frente a la autocracia y al autoritarismo de Putin y sus aliados de extrema derecha, España tiene que liderar la mejora de los sistemas democráticos europeos adoptando, entre otras, medidas como la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que lleva más de 1000 días caducado violando su mandato constitucional, una verdadera derogación de la reaccionaria Ley Mordaza que aprobó el PP durante la última crisis para reprimir los derechos fundamentales de manifestación y reunión o la aprobación de la Ley de Libertad de Expresión (en estos momentos, en trámite en el Congreso de los Diputados) para así eliminar de nuestro Código Penal delitos medievales como el de injurias a la Corona o el de ofensa de sentimientos religiosos que convierten a nuestro país en uno de los países del mundo con el mayor número de artistas encausados por hacer obras de teatro, cantar canciones o poner tuits.

La creación de un nuevo escudo social, feminista y verde, así como una profundización democrática que nos aleje de planteamientos autocráticos y autoritarios es la mejor respuesta que podemos dar al asesino de ucranianos amigo de Vox, es la forma de proteger a nuestro pueblo de las terribles consecuencias de la guerra y sería algo que, de nuevo y como hace dos años, me haría volver a sentirme –a mí y estoy seguro de que a mucha gente– orgulloso del gobierno de mi país.